Especial: Agricultura (II)
El Futuro de la agricultura y de la Alimentación nos incumbe a todos/as
Una gran convulsión ha sacudido la agricultura y la alimentación a escala planetaria en el último año y medio. El rápido incremento de los precios de las materias primas agrarias en los mercados de las materias primas agrarias, fomentado por la especulación, ha desequilibrado el conjunto del sector y de los agricultores/as del planeta, provocando inestabilidad e incertidumbres. En esta situación, la Unión Europa se encuentra inerme, sin mecanismos de regulación de mercados que le permitieran hacer frente a la crisis, puesto que previamente la había desmantelado. La ganadería europea está sufriendo en estos momentos las consecuencias de unas políticas inapropiadas. El gran paradigma de la reforma de la PAC de 2003: “no importa dejar de producir en Europa porque nos podremos abastecer a precios más baratos en países terceros” ha resultado ser completamente erróneo y peligroso también para los consumidores y consumidoras.
En estos momentos se está debatiendo una nueva reforma de la PAC (“chequeo”), paralelamente a la apertura de un debate sobre la misma a partir de 2013 y a la revisión del presupuesto comunitario. La Comisión Europea no asume en este “chequeo” la grave crisis de la agricultura y la alimentación, evidenciada en la desaparición de explotaciones del modelo social de agricultura y los altos precios de los alimentos, y propone profundizar la senda, evidentemente fallida, de la reforma de 2003. Todo ello disfrazado de un discurso construido sobre cuestiones medioambientales, calidad, gestión del territorio, desarrollo rural, cambio climático y energías, y contradictorio con la realidad que viven los ciudadanos/as de la Unión.
Es por ello por lo que instamos a los gobiernos de la Unión Europea a reflexionar sobre el fracaso de su política agraria y a dar un giro en sus propuestas, orientándolas hacia un marco de carácter multilateral que respete la soberanía alimentaria de los pueblos, la sostenibilidad y las necesidades reales de los campesinos de todo el mundo.
Entendemos que es necesaria una reforma de la PAC con una nueva orientación de las políticas comunitarias, adaptada al nuevo entorno emergente y asentada sobre principios firmes y realistas. Esto significa que Europa debe renovar su apuesta estratégica por la agricultura, garantizando un abastecimiento alimentario mínimo en el marco de la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente y el medio rural. Los/as agricultores/as tienen que ver reconocida y valorada su labor, principalmente a través de unos precios justos para sus productos, lo que hace imprescindible desarrollar políticas de estabilización y transparencia de los mercados.
Las ayudas directas a la renta, cuando sean necesarias, tienen que estar vinculadas a la actividad agraria desarrollada en las explotaciones (ayuda por activo agrario), con lo que se conseguiría una redistribución de los fondos con legitimidad económica y social. Rechazamos el desacoplamiento de las ayudas, previstas para facilitar el desmantelamiento del sector agrario, y consideramos que es fundamental mantener la actividad agraria sin que esto signifique intensificar el modelo de producción. Los consumidores/as tienen derecho a un suministro estable, sano, variado y biológicamente diverso de alimentos a precios razonables.
Necesitamos una política agraria que defienda un modelo de agricultura social, sostenible y viable económicamente, generador de empleo y que ayude al equilibrado asentamiento de la población en el medio rural.
Política agraria, alimentación y mercados: “Con la alimentación no se especula”.
La creciente liberalización del comercio mundial y la continua desregulación de los mercados agroalimentarios mediante la eliminación de mecanismos de control de la producción como los aranceles, la intervención pública, etc. está configurando un entorno en el que la permanencia de los pequeños/as productores/as es cada vez más difícil y el abandono de la actividad agraria cada vez más frecuente. Sin embargo, en un contexto de crisis alimentaria mundial, las políticas agrarias desarrolladas durante los últimos años, basadas en desincentivar la producción y provocar el abandono de las explotaciones agrarias, se han visto totalmente superadas por los acontecimientos.
Estas políticas agrarias están fomentando un comercio de productos agroalimentarios que se está desarrollando con una preocupante concentración de poder en manos de las grandes empresas de distribución agroalimentaria. Estas empresas condicionan al conjunto de la cadena agroalimentaria y, especialmente a los eslabones más débiles y numerosos de la misma: productores/as y consumidores/as. El proceso de formación de los precios se caracteriza por una alarmante falta de transparencia que está provocando que el precio que pagan los consumidores sea excesivo y esté cada vez más alejado del precio que reciben los productores, que en muchas ocasiones no llega ni siquiera a cubrir sus costes de producción.
Se hace imprescindible la creación de un marco legislativo que regule la comercialización agroalimentaria de forma adecuada y que contribuya a mejorar los mecanismos de recogida de precios en virtud de una mayor transparencia en el proceso de formación de los mismos a lo largo de la cadena de valor y el establecimiento de un Observatorio de Precios eficaz y operativo, con capacidad para proponer a la Comisión Nacional de la Competencia la investigación de las prácticas contra la competencia que se detecten así como la imposición de sanciones. Sería interesante articular mecanismos de control de márgenes comerciales en la cadena agroalimentaria, mediante una Comisión de Examen de Prácticas Comerciales con la participación de todos los agentes implicados.
Además, se hace necesario que la Administración actúe eficazmente a fin de erradicar la reconocida especulación en los mercados agroalimentarios. La Comisión Nacional de la Competencia debe intervenir ante prácticas comerciales fraudulentas evidentes y eliminar la especulación con absoluta firmeza. Además, se ha de desarrollar y aplicar el artículo 13.2 de la Ley de Comercio (Ley 7/1996) que prevé que “el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización (…) cuando se trate de productos de primera necesidad”, es decir, “El Estado tiene capacidad legislativa para intervenir y debe asumir sus responsabilidades”.
Consideramos de vital importancia que la Política Agraria garantice una estabilidad en los precios y el suministro de productos agroalimentarios, evitando situaciones de abuso sobre productores y consumidores, como por ejemplo la especulación, la morosidad en los pagos, el dumping o la venta a pérdidas. Igualmente, el consumidor tiene derecho a que el etiquetado de los productos agroalimentarios refleje una información objetiva, veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales y el proceso que han seguido.
A nivel europeo resulta imprescindible reforzar el control de las importaciones desde terceros países mediante el establecimiento de protocolos de garantía sanitaria (sanidad y calidad), ambiental y social adecuados y unificados. Los bienes importados deben acatar las mismas normas acerca de la calidad y los métodos de producción que la UE prescribe para sus propios productores. Debe implantarse un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino), con información sobre el país de origen y el método de producción, como criterio al servicio de la información dirigida al consumidor, que propicie el conocimiento del valor real de los productos y la detección de distorsiones interesadas de precios
Mediante las negociaciones de libre comercio que está desarrollando, la Unión Europea está sacrificando la agricultura familiar sostenible y en consecuencia la garantía de una alimentación sana, diversa y segura. Se quiere integrar a los productos agrarios en el proceso de liberalización comercial como cualquier otra mercancía, sin tener en cuenta el carácter estratégico de la agricultura y la alimentación para la sociedad. Se abandona a su suerte el modelo social de agricultura que garantiza la gestión sostenible del territorio, la sostenibilidad y la economía y el empleo de las zonas rurales. Por el contrario se ofrece a las multinacionales agroexportadoras el control de la alimentación. La actual crisis alimentaria nos demuestra que la agricultura debe salir fuera de las negociaciones de libre comercio en la Organización Mundial del Comercio y en los acuerdos bilaterales. La PAC debe priorizar el comercio regional y proporcionar apoyo a las infraestructuras necesarias para el procesado y comercio local
Política agraria, empleo y medio rural
El porcentaje de ocupados agrarios en el conjunto del Estado sigue, desde hace mucho tiempo, una tendencia a la baja, lo que nos sitúa actualmente en un 4%. Resulta urgente estabilizar el número de ocupados en el sector si no queremos comprometer la viabilidad del mimo a medio plazo, si queremos evitar pasar de la fase de reestructuración, a la de liquidación definitiva. En muchas zonas rurales, especialmente aquéllas más alejadas de los principales ejes económicos, la agricultura constituye la actividad económica básica y su declive supone también el abandono del medio rural.
La política agraria desarrollada hasta el momento ha considerado la eliminación de empleo en el sector agrario como algo positivo que favorecía la competitividad de la agricultura, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas que este declive ha tenido en muchas zonas rurales. En muchos casos esta evolución ha comprometido el desarrollo de los territorios rurales, cortando el vínculo entre agricultura e industria agroalimentaria y provocando la deslocalización de esta última. Por otra parte, el descenso del empleo en el sector agrario no ha ayudado a la equiparación de rentas y salarios con otros sectores económicos, debido a los descensos de los precios en origen, al incremento de los costes de producción y al recorte e inequidad distributiva de las ayudas directas.
Adicionalmente, la PAC reformada sobre el eje del desacoplamiento de las ayudas directas desincentiva la actividad productiva agraria. Se necesita una reforma de la política agraria europea que ponga el centro de atención en el activo agrario, buscando la viabilidad de las explotaciones y la creación y el mantenimiento del empleo. Las ayudas directas deben otorgarse al activo agrario como forma de preservar el empleo y promover la equiparación de rentas en el sector agrario, tanto para los titulares de las explotaciones (autónomos) como para los asalariados. El sector agrario conserva un gran potencial generador de empleo y riqueza, que está siendo desaprovechado debido a políticas nefastas que fomentan el éxodo agrario y la desvertebración territorial.
Para un mejor encaje de las explotaciones agrarias en las zonas rurales un instrumento imprescindible es el Contrato Territorial de Explotación (CTE), que integra en una planificación única las distintas medidas contempladas en las políticas de apoyo público europeo, estatal y autonómico. Bajo este nuevo enfoque se conseguiría superar el actual modelo, que ha resultado ineficiente para posibilitar la viabilidad de las explotaciones agrarias del modelo social de agricultura, situando en el centro del sistema a la explotación agraria y el agricultor profesional. En definitiva, el objetivo sería alcanzar la viabilidad económica, social y ambiental de cada explotación.
Política agraria, medio ambiente, cambio climático y energía
La PAC está impulsando un modelo de agricultura industrial especulativo, concentrando la producción en aquellos territorios que permiten obtener grandes volúmenes de producción estandarizada a bajo coste (deslocalización). Normalmente estas producciones se hacen en régimen de monocultivo, algo que resulta medioambientalmente insostenible. Este modelo tiene un gran impacto ambiental y territorial, con un uso intensivo de recursos naturales e inadaptación a las posibilidades del territorio. Es importante condicionar las ayudas de la PAC a las prácticas ambientales de los agricultores y ganaderos. Aunque la Unión Europea justifica en gran medida a través de las medidas de condicionalidad la promoción del modelo industrial.
El sistema de producción industrial especulativo y deslocalizado está adaptado a la liberalización del comercio agrario a nivel mundial, acelerando así la degradación de los ecosistemas dónde se asienta y limitando las posibilidades de abastecimiento de alimentos en los países empobrecidos.
El sector agrícola y ganadero se considera un sector difuso en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI); determinadas prácticas como la agricultura de uso intensivo de energía, agua, fertilizantes y agroquímicos han provocado un incremento de los niveles de emisiones de estos gases. También las emisiones de gas metano procedente de la actividad ganadera industrial contribuyen al cambio climático, no sólo de forma directa sino también a través de los cambios en los usos del suelo debidos a la creciente demanda de materias primas alimentarias por parte del sector ganadero como consecuencia del creciente consumo de carne a nivel mundial.
Por el contrario una manejo sostenible de los bosques, tierras agrícolas y otros ecosistemas agrícolas ofrece un gran potencial para reducir las emisiones de GEI con respecto a las prácticas agrarias industriales, manteniendo su capacidad de sumidero de carbono. En el caso de que se abandonen algunas de estas prácticas sostenibles, el carbono fijado se liberará a lo largo de un período de pocos años. Este riesgo es creciente ante el despoblamiento del campo, envejecimiento de la población rural y la falta de relevo generacional que dejan espacio a la gestión industrial del campo.
Se puede adaptar la agricultura para que sea no solamente un emisor de GEI mucho menor, sino también para que se convierta en un sumidero de carbono que nos ayude a revertir la contribución al cambio climático. Al mismo tiempo, esto también reduciría el resto de desastres ambientales debidos a los fertilizantes, como la eutrofización de las aguas o la explosión de poblaciones de determinadas algas en lagos y mares de todo el planeta.
La agricultura sostenible a escala local, en el marco del modelo social de agricultura, con un uso eficiente de los recursos de producción, contribuye eficazmente a la lucha contra el cambio climático. Lamentablemente, las políticas agrarias en Europa están favoreciendo un modelo de agricultura industrial deslocalizado a escala transnacional, basado en monocultivos, en el uso masivo de fertilizantes y pesticidas y en el transporte a gran escala de los productos, con el único objetivo de aumentar la competitividad para poder comerciar en un mercado global. Es necesario reformar esta PAC de forma coherente con los objetivos de la lucha contra el cambio climático que se ha marcado la propia Europa, cayendo en contradicciones evidentes. El modelo de consumo alimentario deslocalizado está transportando los alimentos de una punta a otra del globo terráqueo, a costa de un gran coste energético, mientras se abandonan los mercados locales y se condena a la pobreza a innumerables agricultores/as y campesinos/as.
En este camino hay que huir de soluciones engañosas como la utilización de cultivos modificados genéticamente: no resolverán ninguna crisis medioambiental sino que por si mismos suponen un riesgo para el medio ambiente, para la seguridad y la salud, además de incrementar la dependencia de las agroindustrias.
Hasta ahora, la agroenergética se ha limitado principalmente a la explotación de un recurso de materia prima barata, para procurar un valor añadido extraordinario a las grandes empresas que controlan el mercado internacional de materias primas alimentarias y a las distribuidoras del petróleo que acaban haciéndose con el control de la transformación y distribución de agrocarburantes, como ya lo tienen de los carburantes fósiles, reproduciendo el mismo sistema de oligopolio especulativo a costa de productores y consumidores. Rechazamos la política seguida actualmente por la Unión Europea en relación a la producción de agrocarburantes industriales, siguiendo un modelo industrial intensivo, con abastecimiento desde terceros países, dónde provoca graves situaciones de destrucción ambiental y desequilibrios en la producción de alimentos, siendo uno de los detonantes de la crisis alimentaria actual.
Política agraria y soberanía alimentaria
Defendemos el derecho a la soberanía alimentaria de todos los pueblos, en el marco de una producción sostenible, segura, nutritiva, variada y adaptada ambientalmente y culturalmente. Los países y regiones no pueden renunciar a decidir su propio sistema alimentario y productivo, para favorecer una liberalización de los intercambios que resulta insostenible y condena a regiones enteras a la dependencia de suministros exteriores, mientras se abandonan producciones tradicionales y se potencia el monocultivo.
La liberalización del comercio agrario internacional propugnada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como los Acuerdos Bilaterales Norte-Sur, es la causa principal que hace inviable la agricultura campesina y familiar tanto en el Norte como en el Sur. La gestión de la oferta y la protección de los mercados está siendo desmantelada, obligando a los agricultores y campesinos a producir alimentos por debajo de coste su coste real, generando incertidumbre e inseguridad en los mercados mundiales tal y como acontece en la actualidad.
Necesitamos una nueva política agraria en Europa que abandone el paradigma de la liberalización comercial, asumiendo su responsabilidad ante productores y consumidores en la estabilización de los mercados, defendiendo el interés general de toda la ciudadanía europea que no coincide con el de los conglomerados agroexportadores y las grandes distribuidoras y practicando una solidaridad real con todos los campesinos, especialmente los de los países del Sur, reconociéndoles el derecho a producir y desarrollar sus mercados locales.
El Gobierno español, en su ámbito competencial, debe asumir el carácter estratégico de la agricultura y la alimentación para el conjunto de la sociedad y, por tanto, desarrollar políticas de Estado para mantener un modelo social y sostenible de agricultura y alimentación. Asuntos como la comercialización agroalimentaria, la fiscalidad, las prioridades estratégicas de producción, la investigación, los seguros agrarios, el desarrollo rural, el binomio agricultura-medio ambiente, entre otros, deben ser abordados plenamente por las administraciones públicas españolas poniendo la prioridad política en el mantenimiento y promoción del modelo social de agricultura y alimentación.
MANIFIESTOde Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, COAG, Greenpeace, UCE, CEACCU, CECU, Xarxa de Consum Solidari, Plataforma Rural, EntrePueblos, No te comas el mundo y Veterinarios Sin Fronteras.
Fuente:Biodiversidad AL
Al menos 16.000 personas mueren de forma prematura por culpa de la contaminación en España, según estima el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). Esta cifra multiplica por siete a la de fallecidos en accidentes de tráfico en 2010. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la cifra se eleva a 370.000 muertes debido a la mala calidad del aire. Los niños, los ancianos y los enfermos crónicos o con patologías cardíacas son los colectivos más vulnerables a este problema ambiental.
