Estamos asistiendo a una de las más graves crisis de la Amazonía peruana desde el mortal Baguazo de Alan García. Otra vez Lima, medios de comunicación y gobernantes están preconfigurando el escenario tétrico de junio del 2009.
Algunos interesados en el tema indígena lo venimos advirtiendo ya desde hace algún tiempo, pero como en el pre Baguazo, los grandes medios solo privilegian la noticia cuando se bloquean carreteras o toman instalaciones no solo meses, sino años después de la queja, protesta y pedido de dialogo sostenidos por parte de los hermanos indígenas.
Lo que usted probablemente esté viendo en las noticias estos días es: indígenas bloquean producción de petróleo. Sin embargo, lo que los grandes medios no le cuentan es qué hay detrás, por qué se ha llegado a esta medida y hace cuánto tiempo los nativos vienen exigiendo respuestas al gobierno. Entonces, como en el Baguazo, los mercaderes presionarán para que se destraben los pozos y nuevamente se enfrentará a peruanos contra peruanos, policías contra nativos con el saldo de sangre y muerte que parió el mal manejo de la crisis en Bagua.
Es cierto que al menos 400 nativos achuares de la comunidad de Pampa Hermosa (cuenca de Río Corrientes) han cerrado las vías externas de acceso a la base de Jibarito paralizando la producción petrolífera de 14 pozos con la pérdida de producción de 3.100 barriles por día, según Pluspetrol. También es cierto que nativos kichwas de comunidades de la cuenca del río Tigre en Loreto han bloqueado el río Tigre y el acceso de embarcaciones de la empresa tras un mes de exigir ser escuchados por las vías regulares y administrativas. Hasta 14 lotes petroleros estarían paralizados. ¿Por qué? ¿Son salvajes, egoístas, ciudadanos de segunda clase como sugería el ex presidente Alan García?
Lo primero que hay que decir es que los apus de las federaciones FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT, que representan a más de 100 comunidades nativas y a más de 20 mil peruanos, han reiterado una y otra vez que “no se oponen al llamado desarrollo o a la actividad petrolera; pero contra lo que están luchando es contra el abuso y la indiferencia sostenida del Estado hace 43 años. Contra una actividad petrolera que desde 1971 ha generado graves daños ambientales y sociales en las comunidades a lo largo de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Daños oficialmente documentados por este gobierno con cuatro declaratorias de emergencia ambiental que no han servido para nada.
Cuatro instituciones públicas (OEFA, ANA, DIGESA, OSINERGMIN) lideradas por el MINAM evacuaron en el 2012 informes que confirmaron altísimos niveles de contaminación por hidrocarburos, metales pesados, arsénico, plomo, cadmio, entre otros, en lagunas, quebradas y suelos de los territorios de las comunidades.
Entre las conclusiones: comunidades enteras cuya agua no es más apta para el consumo humano, al menos 123 puntos contaminados por la mala actividad petrolera, incluidos el río Tigre, el Marañón y hasta una zona de nuestra Reserva Nacional Pacaya Samiria. Esto, en un sistema de vida en el que las aguas naturales son fundamentales para los animales y productos de la tierra de los cuales se alimentan, y por ende para la propia salud de los nativos. Cuatro declaratorias de emergencia en las cuatro cuencas entre 2013 y 2014 entrampadas en burocracia e indolencia.
Este gobierno se presentó en el 2011 como interesado al fin en resolver los graves problemas de más de 20 mil peruanos. Pero lleva más de tres años meciendo a las comunidades nativas. Los apus están cansados e indignados con este nuevo engaño del Estado peruano.
Primero fue una comisión multisectorial para recoger información, luego de dos años otra para implementar medidas desde mayo de 2014. Mesa que al día de hoy no llega a ningún puerto porque se niega a aceptar las justas, urgentes y necesarias demandas.
Demandas de titulación integral de su territorio, remediación de todas las zonas afectadas, compensación por uso de tierras, indemnización por daños y una evaluación ambiental integral independiente. Lo justo y lo que por décadas se les ha negado.
Pero para empeorar la crispación del escenario, al gobierno se le acaba el tiempo para licitar el nuevo contrato de los pozos y legalmente no puede hacerlo sin haber implementado la Consulta Previa en estos territorios. Cosa para la que también se les acaba el tiempo pues si no aceptan remediar e indemnizarlos, los nativos no accederán a la Consulta Previa y la licitación se vería detenida; por ende, la producción petrolera.
Estimada premier Ana Jara, los peruanos de bien agradecemos que retome las riendas políticas del gobierno. Agradecemos sus buenos oficios interpuestos para lograr la titulación de los hermanos de Saweto. Pero no esperemos que mueran más hermanos como Edwin Chota, o como los 34 hermanos policías y nativos del Baguazo. En sus manos, directa, política y legalmente, está el evitar no solo una nueva desgracia o derramamiento de sangre, sino lograr que la justicia, equidad, inclusión y derechos alcancen a estos peruanos históricamente maltratados.
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