Han pasado 10 años desde aquel sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y nativos de las comunidades awajún y wampis, en la llamada 'Curva del diablo'. El 'Baguazo'
dejó grandes heridas en muchas familias, pero sobre todo dejó un hito
en el que la deshumanización del hombre llegó a niveles jamás vistos en
el país.
Aún no hay culpables en este caso, los últimos que
estuvieron en el banquillo de los acusados fueron absueltos en 2016. A
pesar de ello, hay interrogantes sin resolver como el paradero del mayor
PNP Felipe Bazán, secuestrado por los nativos. Son cuatro los juicios en curso: el asesinato de 12 policías, la desaparición de Bazán, el asesinato de civiles por parte de la Policía y el secuestro, seguido de asesinato, de personas en la Estación 6 de Petroperú. Los
últimos tres se encuentran en una fase intermedia ya que las
investigaciones judiciales concluyeron hace poco más de 5 años.
Los antecedentes a la masacre
En 2007, el gobierno del expresidente Alan García buscó sacar provecho al Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos de América. Dos columnas de opinión
tituladas “El perro del hortelano” y “Receta para acabar con el perro
del hortelano”, publicadas ese año, fijaron su posición extractivista y
su política neoliberal.
Acusó que quienes se cierran a las
actividades extractivas en pro de la defensa del medio ambientes
están disfrazados "bajo el manto de activista ambiental", Es así que
pidió al Congreso de la República las facultades para dar decretos
legislativos a fin de implementar el TLC con Estados Unidos. El
Pleno del Congreso le concedió las facultades al Ejecutivo por un plazo
de 180 días calendarios. En mayo de 2008 se publicó el Decreto
Legislativo N° 1015 que unifica los procedimientos de las comunidades
campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para
mejorar su producción y competitividad agropecuaria. Este buscó
modificar el artículo 10 de la Ley N° 26505, Ley de la inversión privada
en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, con el
fin de intervenir territorios para actividades productivas.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de
inconstitucionalidad contra dicho decreto legislativo, 10 días después
de su aprobación. El 27 de junio de ese año, se publicó el Decreto
Legislativo N° 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna.
Entre uno de sus puntos más polémicos resalta que solo el Ministerio de
Agricultura es el órgano rector y normativo respecto al aprovechamiento
y gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Es decir, el Gobierno, a través del ministerio, decidía la explotación
de los recursos.
No fue solo ello, también se aprobó el Decreto
Legislativo N° 1073 que modifica el literal b) del artículo 10° de la
Ley N° 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las
actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las
Comunidades Campesinas y Nativas; modificado por el artículo único del
Decreto Legislativo N° 1015.
Dicha modificación estipulaba que se
requería de no menos del cincuenta por ciento del voto de los comuneros
posesionarios con más de un año, en lugar de la anterior que señalaba
que se necesitaban no menos del cincuenta por ciento de los miembros
asistentes a la Asamblea instalada con el quorum correspondiente.
La Defensoría del Pueblo apeló nuevamente y explicó que esto atentaba
contra el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que pide "consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente".
Estas movidas del Gobierno de turno motivaron a que los nativos de pueblos amazónicos se declaren en "insurgencia". Alberto Pizango,
presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), pidió que se derogue el Decreto Legislativo N° 1073 y
exigió que se respete el cumplimiento del artículo 6 del Convenido 169
de la OIT.
El mayor Felipe Bazán fue tomado como rehén y despojado de sus prendas. Aún se desconoce su paradero. | Fuente: La República
El inicio de las tensiones
El Congreso de la República puso
final los Decretos Legislativos N° 1015 y N° 1073, en agosto de 2008. Se
buscó el diálogo entre las partes, pero no dieron frutos. El ministro
del Ambiente de aquellos años, Antonio Brack Egg, dijo que los que se
oponen al proyecto del Ejecutivo “son unos cuantos” y que hacen “bulla”.
En
marzo de 2009 se publica el Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES que crea
la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas
de la Amazonía Peruana. El detalle era que aquí no se tomó la opinión
de AIDESEP, liderada por Pizango, y en su lugar la mesa estuvo integrada
por representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del
Perú (CONAP). AIDESEP acusó a la CONAP de tener un convenio de
cooperación institucional con Petroperú desde el 2007.
En abril del mismo año, inició el paro de pueblo indígenas en diversas ciudades de la selva central, entre ellas Bagua. Yehude Simon,
entonces presidente del Consejo de Ministro, no logró un acuerdo con
AIDESEP. Pronto, los manifestantes tomaron la Estación 6 de Petroperú y
las cosas comenzaban a salirse de control. El Partido Nacionalista
se mostró en contra de las acciones del gobierno y pidió derogar de una
vez el Decreto Legislativo N° 1090. El 5 de junio, se votó en el
Congreso sobre este decreto legislativo, a pesar de que
varios legisladores nacionalistas no asistieron. La votación quedó
con 38 votos a favor, 21 en contra y 9 abstenciones, con lo cual votaron
solo 68 congresistas.
El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, dijo
a la prensa que se votó a la hora y que no era problema de él que estén
ausentes los integrantes del Partido Nacionalista. Eso motivo que más
de dos mil awajún bloquearan la carretera Fernando Belaunde Terry, que
se ubica en la entrada a Bagua, entre los caseríos de Siempre Viva y El Reposo.
Ese mismo día, según se supo, el general Uribe,
el obispo, el alcalde Jaén y dirigentes nativos acordaron que los
manifestantes abandonarían la carretera el 5 de junio a las 10:00 a.m.;
sin embargo, esto no lo supo el general Luis Muguruza quien se preparaba para la acción de desalojo por órdenes del Ministerio del Interior.
En 2016, 52 indígenas amazónicas acusados por la muerte de 12 policías durante el Baguazo. | Fuente: Andina
Los momentos de terror
Desde tempranas horas del 5 de junio,
la Policía y el Ejército disiparon a los manifestantes con bombas
lacrimógenas en el sector denominado 'Curva del diablo'
de la carretera Fernando Belaunde Terry. Los indígenas reaccionaron y
se defendieron con lanzas y hondas. La violencia fue desmedida por ambos
bandos.
Las imágenes fueron de horror: de un lado, civiles
quemados y baleados, y por el otro, policías golpeados y atravesados con
lanzas. Hasta ahora, la cifra de muertos y desaparecidos es
cuestionada. Una fotografía del mayor PNP Felipe Bazán llevado por nativos es el último registro de su paradero.
El Gobierno peruano, por medio de la Cancillería informó de la muerte de 24 policías y 9 pobladores civiles,
al día siguiente. La entonces defensora del Pueblo, Beatriz Merino, se
presentó al Congreso para dar detalles sobre lo investigado por la
institución que representaba y confirmó la cifra. Sin embargo, la BBC afirmó que, según testigos de la zona, murieron al menos 30 indígenas y 24 policías.
Un mes después, en julio de 2009, se dio la cifra oficial de Defensoría del Pueblo que concluyó en el informe de la Comisión que investiga los sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba que los actos de violencia ocurridos el 5 de junio de 2009 en el 'Baguazo' dejaron un saldo lamentable de 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua)
Después del ocaso
Al día siguiente, el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ordenó el arresto de Pizango por ser responsable de los actos producidos en Bagua.
Tras las críticas de diversos partidos políticos, principalmente de
oposición al gobierno, el 18 de junio el Congreso decide derogar el
Decreto Legislativo N° 1090.
Tras las presiones políticas y
sociales, el premier Yehude Simon tuvo que renunciar el 11 de julio de
2009, al igual que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. La Defensoría del Pueblo realizó un informe final en
el que se detallan el antes y después de la cúspide de la violencia,
enfatizando en que el origen del problema radica en el poco diálogo
entre las partes.
El pasado 22 de setiembre de 2016 se exculpó a
52 presuntos implicados en la muerte de 12 de los 24 policías
fallecidos, entre ellos se encontraba Alberto Pizango. En enero de 2018, el papa Francisco recibió al líder awajún Santiago Manuin, quien también fue absuelto en 2016 por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua.
Patricia Bazán, viuda del mayor desaparecido, dijo a RPP
en 2016 que "los únicos culpables" de lo ocurrido son "el señor Uribe y
el señor Muguruza (entonces generales de la Policía), a quienes nunca
se investigó. El señor Alan García, la señora Mercedes Cabanillas y el señor Yehude Simon". El expresidente se suicidó ya no podrá opinar sobre esto. Hoy, a diez años del 'Baguazo', aún no hay ningún implicado que esté tras las rejas.
El líder awajún Santiago Manuin,
quien fue baleado durante el ‘Baguazo', habló con el papa Francisco
cuando este último visitó Madre de Dios. | Fuente: EFE Fuente: La Républica (Perú)
Estamos asistiendo a una de las más graves crisis de la Amazonía peruana desde el mortal Baguazo de Alan García. Otra vez Lima, medios de comunicación y gobernantes están preconfigurando el escenario tétrico de junio del 2009.
Algunos interesados en el tema indígena lo venimos advirtiendo ya desde hace algún tiempo, pero como en el pre Baguazo, los grandes medios solo privilegian la noticia cuando se bloquean carreteras o toman instalaciones no solo meses, sino años después de la queja, protesta y pedido de dialogo sostenidos por parte de los hermanos indígenas.
Lo que usted probablemente esté viendo en las noticias estos días es: indígenas bloquean producción de petróleo. Sin embargo, lo que los grandes medios no le cuentan es qué hay detrás, por qué se ha llegado a esta medida y hace cuánto tiempo los nativos vienen exigiendo respuestas al gobierno. Entonces, como en el Baguazo, los mercaderes presionarán para que se destraben los pozos y nuevamente se enfrentará a peruanos contra peruanos, policías contra nativos con el saldo de sangre y muerte que parió el mal manejo de la crisis en Bagua.
Es cierto que al menos 400 nativos achuares de la comunidad de Pampa Hermosa (cuenca de Río Corrientes) han cerrado las vías externas de acceso a la base de Jibarito paralizando la producción petrolífera de 14 pozos con la pérdida de producción de 3.100 barriles por día, según Pluspetrol. También es cierto que nativos kichwas de comunidades de la cuenca del río Tigre en Loreto han bloqueado el río Tigre y el acceso de embarcaciones de la empresa tras un mes de exigir ser escuchados por las vías regulares y administrativas. Hasta 14 lotes petroleros estarían paralizados. ¿Por qué? ¿Son salvajes, egoístas, ciudadanos de segunda clase como sugería el ex presidente Alan García?
Lo primero que hay que decir es que los apus de las federaciones FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT, que representan a más de 100 comunidades nativas y a más de 20 mil peruanos, han reiterado una y otra vez que “no se oponen al llamado desarrollo o a la actividad petrolera; pero contra lo que están luchando es contra el abuso y la indiferencia sostenida del Estado hace 43 años. Contra una actividad petrolera que desde 1971 ha generado graves daños ambientales y sociales en las comunidades a lo largo de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Daños oficialmente documentados por este gobierno con cuatro declaratorias de emergencia ambiental que no han servido para nada.
Cuatro instituciones públicas (OEFA, ANA, DIGESA, OSINERGMIN) lideradas por el MINAM evacuaron en el 2012 informes que confirmaron altísimos niveles de contaminación por hidrocarburos, metales pesados, arsénico, plomo, cadmio, entre otros, en lagunas, quebradas y suelos de los territorios de las comunidades.
Entre las conclusiones: comunidades enteras cuya agua no es más apta para el consumo humano, al menos 123 puntos contaminados por la mala actividad petrolera, incluidos el río Tigre, el Marañón y hasta una zona de nuestra Reserva Nacional Pacaya Samiria. Esto, en un sistema de vida en el que las aguas naturales son fundamentales para los animales y productos de la tierra de los cuales se alimentan, y por ende para la propia salud de los nativos. Cuatro declaratorias de emergencia en las cuatro cuencas entre 2013 y 2014 entrampadas en burocracia e indolencia.
Este gobierno se presentó en el 2011 como interesado al fin en resolver los graves problemas de más de 20 mil peruanos. Pero lleva más de tres años meciendo a las comunidades nativas. Los apus están cansados e indignados con este nuevo engaño del Estado peruano.
Primero fue una comisión multisectorial para recoger información, luego de dos años otra para implementar medidas desde mayo de 2014. Mesa que al día de hoy no llega a ningún puerto porque se niega a aceptar las justas, urgentes y necesarias demandas. Demandas de titulación integral de su territorio, remediación de todas las zonas afectadas, compensación por uso de tierras, indemnización por daños y una evaluación ambiental integral independiente. Lo justo y lo que por décadas se les ha negado. Pero para empeorar la crispación del escenario, al gobierno se le acaba el tiempo para licitar el nuevo contrato de los pozos y legalmente no puede hacerlo sin haber implementado la Consulta Previa en estos territorios. Cosa para la que también se les acaba el tiempo pues si no aceptan remediar e indemnizarlos, los nativos no accederán a la Consulta Previa y la licitación se vería detenida; por ende, la producción petrolera.
Estimada premier Ana Jara, los peruanos de bien agradecemos que retome las riendas políticas del gobierno. Agradecemos sus buenos oficios interpuestos para lograr la titulación de los hermanos de Saweto. Pero no esperemos que mueran más hermanos como Edwin Chota, o como los 34 hermanos policías y nativos del Baguazo. En sus manos, directa, política y legalmente, está el evitar no solo una nueva desgracia o derramamiento de sangre, sino lograr que la justicia, equidad, inclusión y derechos alcancen a estos peruanos históricamente maltratados.
Han pasado 10 años desde aquel sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y nativos de las comunidades awajún y wampis, en la llamada 'Curva del diablo'. El 'Baguazo'
dejó grandes heridas en muchas familias, pero sobre todo dejó un hito
en el que la deshumanización del hombre llegó a niveles jamás vistos en
el país. 
