Han pasado 10 años desde aquel sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y nativos de las comunidades awajún y wampis, en la llamada 'Curva del diablo'. El 'Baguazo'
dejó grandes heridas en muchas familias, pero sobre todo dejó un hito
en el que la deshumanización del hombre llegó a niveles jamás vistos en
el país.
Aún no hay culpables en este caso, los últimos que
estuvieron en el banquillo de los acusados fueron absueltos en 2016. A
pesar de ello, hay interrogantes sin resolver como el paradero del mayor
PNP Felipe Bazán, secuestrado por los nativos. Son cuatro los juicios en curso: el asesinato de 12 policías, la desaparición de Bazán, el asesinato de civiles por parte de la Policía y el secuestro, seguido de asesinato, de personas en la Estación 6 de Petroperú. Los
últimos tres se encuentran en una fase intermedia ya que las
investigaciones judiciales concluyeron hace poco más de 5 años.
Los antecedentes a la masacre
En 2007, el gobierno del expresidente Alan García buscó sacar provecho al Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos de América. Dos columnas de opinión
tituladas “El perro del hortelano” y “Receta para acabar con el perro
del hortelano”, publicadas ese año, fijaron su posición extractivista y
su política neoliberal.
Acusó que quienes se cierran a las
actividades extractivas en pro de la defensa del medio ambientes
están disfrazados "bajo el manto de activista ambiental", Es así que
pidió al Congreso de la República las facultades para dar decretos
legislativos a fin de implementar el TLC con Estados Unidos. El
Pleno del Congreso le concedió las facultades al Ejecutivo por un plazo
de 180 días calendarios. En mayo de 2008 se publicó el Decreto
Legislativo N° 1015 que unifica los procedimientos de las comunidades
campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para
mejorar su producción y competitividad agropecuaria. Este buscó
modificar el artículo 10 de la Ley N° 26505, Ley de la inversión privada
en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, con el
fin de intervenir territorios para actividades productivas.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de
inconstitucionalidad contra dicho decreto legislativo, 10 días después
de su aprobación. El 27 de junio de ese año, se publicó el Decreto
Legislativo N° 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna.
Entre uno de sus puntos más polémicos resalta que solo el Ministerio de
Agricultura es el órgano rector y normativo respecto al aprovechamiento
y gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Es decir, el Gobierno, a través del ministerio, decidía la explotación
de los recursos.
No fue solo ello, también se aprobó el Decreto
Legislativo N° 1073 que modifica el literal b) del artículo 10° de la
Ley N° 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las
actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las
Comunidades Campesinas y Nativas; modificado por el artículo único del
Decreto Legislativo N° 1015.
Dicha modificación estipulaba que se
requería de no menos del cincuenta por ciento del voto de los comuneros
posesionarios con más de un año, en lugar de la anterior que señalaba
que se necesitaban no menos del cincuenta por ciento de los miembros
asistentes a la Asamblea instalada con el quorum correspondiente.
La Defensoría del Pueblo apeló nuevamente y explicó que esto atentaba
contra el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que pide "consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente".
Estas movidas del Gobierno de turno motivaron a que los nativos de pueblos amazónicos se declaren en "insurgencia". Alberto Pizango,
presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), pidió que se derogue el Decreto Legislativo N° 1073 y
exigió que se respete el cumplimiento del artículo 6 del Convenido 169
de la OIT.
El mayor Felipe Bazán fue tomado como rehén y despojado de sus prendas. Aún se desconoce su paradero. | Fuente: La República
El inicio de las tensiones
El Congreso de la República puso
final los Decretos Legislativos N° 1015 y N° 1073, en agosto de 2008. Se
buscó el diálogo entre las partes, pero no dieron frutos. El ministro
del Ambiente de aquellos años, Antonio Brack Egg, dijo que los que se
oponen al proyecto del Ejecutivo “son unos cuantos” y que hacen “bulla”.
En
marzo de 2009 se publica el Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES que crea
la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas
de la Amazonía Peruana. El detalle era que aquí no se tomó la opinión
de AIDESEP, liderada por Pizango, y en su lugar la mesa estuvo integrada
por representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del
Perú (CONAP). AIDESEP acusó a la CONAP de tener un convenio de
cooperación institucional con Petroperú desde el 2007.
En abril del mismo año, inició el paro de pueblo indígenas en diversas ciudades de la selva central, entre ellas Bagua. Yehude Simon,
entonces presidente del Consejo de Ministro, no logró un acuerdo con
AIDESEP. Pronto, los manifestantes tomaron la Estación 6 de Petroperú y
las cosas comenzaban a salirse de control. El Partido Nacionalista
se mostró en contra de las acciones del gobierno y pidió derogar de una
vez el Decreto Legislativo N° 1090. El 5 de junio, se votó en el
Congreso sobre este decreto legislativo, a pesar de que
varios legisladores nacionalistas no asistieron. La votación quedó
con 38 votos a favor, 21 en contra y 9 abstenciones, con lo cual votaron
solo 68 congresistas.
El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, dijo
a la prensa que se votó a la hora y que no era problema de él que estén
ausentes los integrantes del Partido Nacionalista. Eso motivo que más
de dos mil awajún bloquearan la carretera Fernando Belaunde Terry, que
se ubica en la entrada a Bagua, entre los caseríos de Siempre Viva y El Reposo.
Ese mismo día, según se supo, el general Uribe,
el obispo, el alcalde Jaén y dirigentes nativos acordaron que los
manifestantes abandonarían la carretera el 5 de junio a las 10:00 a.m.;
sin embargo, esto no lo supo el general Luis Muguruza quien se preparaba para la acción de desalojo por órdenes del Ministerio del Interior.
En 2016, 52 indígenas amazónicas acusados por la muerte de 12 policías durante el Baguazo. | Fuente: Andina
Los momentos de terror
Desde tempranas horas del 5 de junio,
la Policía y el Ejército disiparon a los manifestantes con bombas
lacrimógenas en el sector denominado 'Curva del diablo'
de la carretera Fernando Belaunde Terry. Los indígenas reaccionaron y
se defendieron con lanzas y hondas. La violencia fue desmedida por ambos
bandos.
Las imágenes fueron de horror: de un lado, civiles
quemados y baleados, y por el otro, policías golpeados y atravesados con
lanzas. Hasta ahora, la cifra de muertos y desaparecidos es
cuestionada. Una fotografía del mayor PNP Felipe Bazán llevado por nativos es el último registro de su paradero.
El Gobierno peruano, por medio de la Cancillería informó de la muerte de 24 policías y 9 pobladores civiles,
al día siguiente. La entonces defensora del Pueblo, Beatriz Merino, se
presentó al Congreso para dar detalles sobre lo investigado por la
institución que representaba y confirmó la cifra. Sin embargo, la BBC afirmó que, según testigos de la zona, murieron al menos 30 indígenas y 24 policías.
Un mes después, en julio de 2009, se dio la cifra oficial de Defensoría del Pueblo que concluyó en el informe de la Comisión que investiga los sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba que los actos de violencia ocurridos el 5 de junio de 2009 en el 'Baguazo' dejaron un saldo lamentable de 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua)
Después del ocaso
Al día siguiente, el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ordenó el arresto de Pizango por ser responsable de los actos producidos en Bagua.
Tras las críticas de diversos partidos políticos, principalmente de
oposición al gobierno, el 18 de junio el Congreso decide derogar el
Decreto Legislativo N° 1090.
Tras las presiones políticas y
sociales, el premier Yehude Simon tuvo que renunciar el 11 de julio de
2009, al igual que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. La Defensoría del Pueblo realizó un informe final en
el que se detallan el antes y después de la cúspide de la violencia,
enfatizando en que el origen del problema radica en el poco diálogo
entre las partes.
El pasado 22 de setiembre de 2016 se exculpó a
52 presuntos implicados en la muerte de 12 de los 24 policías
fallecidos, entre ellos se encontraba Alberto Pizango. En enero de 2018, el papa Francisco recibió al líder awajún Santiago Manuin, quien también fue absuelto en 2016 por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua.
Patricia Bazán, viuda del mayor desaparecido, dijo a RPP
en 2016 que "los únicos culpables" de lo ocurrido son "el señor Uribe y
el señor Muguruza (entonces generales de la Policía), a quienes nunca
se investigó. El señor Alan García, la señora Mercedes Cabanillas y el señor Yehude Simon". El expresidente se suicidó ya no podrá opinar sobre esto. Hoy, a diez años del 'Baguazo', aún no hay ningún implicado que esté tras las rejas.
El líder awajún Santiago Manuin,
quien fue baleado durante el ‘Baguazo', habló con el papa Francisco
cuando este último visitó Madre de Dios. | Fuente: EFE Fuente: La Républica (Perú)
En los últimos días se too el tema del satélite artificial peruano SAT 1, del cul se dice que "no sirve para nada". En Conocer Ciencia te explicamos la verdadera utilidad de nuestro satélite.
Un satélite es un cuerpo opaco que gira en órbita alrededor de un planeta, los satélites artificiales son aparatos que el ser humano coloca en órbita alrededor de la tierra, a una distancia que será función del uso que se le dé al satélite, esta es determinada por la dinámica de rotación, y obedece a la ley de gravitación.
Si se encuentra en órbita sobre la línea ecuatorial, y su velocidad
coincide con la de rotación de la tierra, entonces se denomina satélite
geoestacionario, porque estará ubicado sobre el mismo punto en la tierra, apareciendo como inmóvil desde ella, para que esto ocurra, la distancia desde la superficie de la tierra al satélite debe ser de 35780Km;, si la distancia es mayor el desplazamiento del satélite será más lento con respecto a la tierra, y si es menor, más rápido.
Los satélites geoestacionarios son muy utilizados en comunicaciones,
pero no son los únicos, existen por ejemplo los satélites GPS, cuya órbita no es geoestacionaria, y se encuentran a 20200Km de la superficie terrestre, su propósito es proporcionar señales de cronometría y posicionamiento (GPS) para uso civil libre; si a algún despistado se le ocurre que los satélites GPS deben transmitir señales de TV, como los geoestacionarios, o que estos brinden señales de posicionamiento, está pidiendo peras al olmo, los satélites tienen usos específicos, con dispositivos especializados a bordo, y con órbitas previamente definidas en función de su propósito.
Así por ejemplo Perú SAT-1, es un satélite de observación, no de comunicaciones, no de posicionamiento, ni de otro propósito más que observar, para lo que toma fotografías, desde una distancia de 694Km, de la superficie terrestre.
Las fotografías pueden ser utilizadas en diversos campos, como defensa, agricultura, minería, conservación ambiental, evaluación de daños causados por fenómenos naturales, geología, meteorología, etc; si algún usuario no obtiene las imágenes que requiere para fines específicos, puede deberse a que no cuenta con las herramientas que le permitan interpretar las imágenes, o no cuenta con las imágenes del momento y lugar, no significa eso que el satélite no sirve, sino que no le sirve a ese usuario para su propósito; para poner un ejemplo, un municipio puede requerir fotografías de cierto distrito, tomadas entre ciertas fechas, entonces debe solicitar que se programe la toma, si es que no existe.
No es coherente que el solicitante diga que el satélite "no sirve" porque no encontró la fotografía que requería.
El satélite Perú SAT-1, gira alrededor de la tierra dando 14 vueltas
diarias, a una velocidad de 27000 KM/h, cada órbita está separada de la
otra por 1500Km, de modo tal que pasa por el mismo punto 3 veces cada
día, no 3 veces cada año, como publicó Expreso, (“reveló que el satélite Perú SAT-1 recorre la totalidad del territorio peruano solo tres veces al año”) haciendo eco de las declaraciones del General FAP Carlos Caballero León, mostrando ignorancia o mala intención.
Haciendo un poco de geometría básica puede concluirse que Perú SAT-1 no fotografiará toda la superficie del país en una o dos pasadas, es por eso que se debe programar el área a ser fotografiada, según intereses de los usuarios, entre los que se cuentan actualmente: Marina de Guerra del Perú, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, universidades públicas, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Instituto Geográfico Nacional.
Este último, para la elaboración de la cartografía nacional, ha ahorrado, como usuario del Perú SAT-1, la suma de 160 millones de soles.
"Al 22 de marzo del presente año, la agencia espacial del Perú – Conida tiene en su catálogo de imágenes 115,727 escenas del mundo (incluido el Perú) de las cuales 96,929 las tomó el PerúSAT-1"
"Las otras imágenes fueron tomadas, gracias a un convenio, con satélites de la empresa que desarrolló justamente el satélite."
"PerúSAT-1 es el primer satélite de observación submétrico (con resolución de 0.7 metros) de la región, capaz de identificar con precisión objetos con dimensiones menores a un metro".
Sobre esto último hay que señalar que una publicación de @Agencia_Andina , consigna erróneamente que el satélite es submétrico porque mide menos de 1 mt.
¿Por qué hay gente que dice que el satélite "no sirve"? Algunos, como el congresista Roberto Vieria, porque el satélite no le sirvió a él y sus empresas pesqueras, para lo q requería ciertas fotografías en ciertos momentos, y no las obtuvo, el mismo caso que pusimos como ejemplo.
Otros, por ignorancia y mala intención, el expresidente AG le denominó "pseudo satélite" (sic), dando una muestra del nulo conocimiento de física, astronomía, aeronavegación, y otras disciplinas relacionadas, si orbita, es un satélite.
La realidad es que el sistema presentó fallas de software a nivel terrestre, que según informa CONIDA han sido atendidas y están en etapa de prueba; de allí a decir que no es un satélite, o que no sirve, solo puede saltarse por mala intención.
Relacionando la tradicional presentación de las damas en sociedad, el 12 de octubre de 2007 el reconocido diario El Comercio de Lima informaba que "Representantes de la transnacional de capitales estadounidenses Monsanto, líder mundial en la comercialización de productos transgénicos, se reunieron ayer con el mandatario Alan García en Palacio de Gobierno para informarle sobre los planes de la compañía de desarrollar un proyecto de semillas en el Perú." De seguro la presentación daba a conocer la dote que recibiría un posible consorte si aceptaba a la dama.
Ya desde 2004 se anticipaba la intención de Monsanto de ingresar a Perú, cuando Doris Sánchez, por entonces congresista, presentó la propuesta de 'ley de promoción de biotecnología moderna', que en realidad, camuflaba el ingreso institucionalizado de la transnacional y sus transgénicos. Así, desde la segunda mitad de 2004 hasta octubre de 2007, los seguidores de esta dama han recurrido a toda estrategia para lograr un consorte acorde con los intereses de la dama: desde la fallida ley, pasando por declaraciones amistosas, agresivas y sarcásticas, hasta invitaciones 100% pagadas a periodistas para visitar campos de cultivos OGM en Colombia y Estados Unidos. Y ha sido indudable, que tras más de tres años de intenso lobby, evidencien agotamiento de paciencia, pues, luego de la presentación formal de la dama en sociedad, transcurrieron 9 meses para anunciar un matrimonio nada menos que con el MINAG como consorte y el INIA como padrino.
Agotamiento de paciencia, o no, ciertamente las condiciones fueron inmejorables si recordamos que todo el ejecutivo tuvo facultades especiales para emitir las normas necesarias que permitieran un TLC con EEUU sin tropiezos. Con esta atribución servida en bandeja, en junio 2008, el Ministerio de Agricultura, con el INIA a la cabeza, informaron con orgullo que se hallaban elaborando el reglamento sectorial de bioseguridad y que su promulgación se realizaría en breve plazo.
Los argumentos de los padrinos de la dama Monsanto El repentino apuro fue mencionado por El Comercio, y, la explicación provino del seguidor más pro-Monsanto del país "Para Alexander Grobman, experto en temas de biotecnología, esta empresa no podrá elaborar investigaciones de semillas transgénicas en nuestro país mientras no exista el marco legal para ello”.
El Comercio añade "Grobman consideró que una empresa como Monsanto, con unas espaldas financieras muy anchas, puede ubicarse en el país que lo considere apropiado. Ya está en Colombia, Brasil, Argentina, China, India, entre otros. Una compañía multinacional puede estar en todas partes y ahora ha elegido al Perú", terminó declarando Grobman, muy entusiasmado, para el diario de mayor tiraje en el Perú.
Lo que -verdaderamente- debiéramos entender entrelíneas es que, si Monsanto “puede estar en todas partes y ha elegido Perú para establecerse", serán sus seguidores quienes harán lo imposible para que se constituya el marco legal adecuado. Por tanto, tampoco debe llamar la atención que tras la paciente labor de convencimiento de funcionarios y congresistas, Alexander Grobman, conocido negociante de semillas, actualmente se desempeñe como asesor del Ministro de Agricultura, en una posición inmejorable para influir en la política agraria de un país, a favor de un matrimonio con la dama Monsanto.
La labor de convencimiento de Grobman ha sido tan efectiva, que el MINAG actúa como novio embelesado, negándose a escuchar los antecedentes de la novia MONSANTO y de los desastres que ha suscitado en otros países.
Padrinos menos estratégicamente ubicados tienen a su cargo la labor mediática. Luis Destéfano por ejemplo, otorga entrevistas y se da tiempo para comentar nuestros artículos. Uno de ellos, 'Tabaco y transgénicos (con "T" de trampa)', mereció sus observaciones (ver carta y nuestra respuesta en el Boletín Compartiendo # 30 - 2008, del 20 julio). Indudablemente, está en todo su derecho de emitir opinión, y nosotros a su vez de extrañarnos que, en lugar de identificar la similitud de falta de ética entre las compañías tabacaleras y las compañías agroquímicas (que era de lo que trataba el artículo), manifestara "... le diré que si yo fumo lechuga lo más seguro es que también me produzca cáncer en el largo plazo. Por qué preguntará Ud.? pues por los productos de combustión. El tabaco no produce cáncer por la nicotina sino por los productos de combustión (el alquitrán entre ellos).
Por lo tanto su comparación no corresponde." (sic)
Así como Luis Destéfano, otros conocidos científicos pro-transgénicos evaden sistemáticamente la alusión a la falta de honestidad ejercida por las transnacionales en general y las de insumos agrarios en particular; precisamente, en honor a que observamos esta sordera selectiva preparamos otro artículo 'La 'etica' de los pro-transgénicos: una nueva rama de la filosofía (cinco estudios de caso)'.
Queda claro, entonces, que no quieren perder tiempo en asuntos de ética, ante todo, ellos son "científicos, expertos y como tales, tienen la razón".
Por nuestro lado, haciendo esfuerzo por generar empatía y tratar de entender a estos iluminados de la ciencia, entre los que se suman Ernesto Bustamante y Ricardo Fujita, conozcamos los cuatro argumentos que últimamente vienen exponiendo en los medios...
Argumento 1 "Los alimentos transgénicos tienen equivalencia sustancial con cualquier otro alimento; la FAO indica " La equivalencia sustancial en este sentido significa que las plantas modificadas genéticamente o los alimentos derivados de ellas son equivalentes a sus homólogos tradicionales y se pueden tratar de la misma manera que éstos con respecto a la inocuidad"."
Son innumerables los estudios y evidencias que refutan esta afirmación; la lectura paciente y sistemática de éstos le llevará a la conclusión que los transgénicos, ni son equivalentes sustanciales con los alimentos tradicionales, ni mucho menos son inocuos.
Argumento 2 "No queremos imponer cultivos transgénicos, podemos co-existir; para ello existen barreras naturales y métodos de cultivo que impiden la contaminación genética"
Argumento 3 "Los cultivos transgénicos son lo más parecido a los orgánicos, usan menos agroquímicos y además tienen mayor productividad"
Si estos dos argumentos fueran ciertos ¿dónde quedarían las numerosas experiencias que verifican y confirman la contaminación genética de cultivos tradicionales cuando conviven con transgénicos? ¿dónde los juicios de Monsanto a los agricultores porque demanda el pago de regalías? ¿dónde, a su vez, los registros de las productividades decrecientes y del aumento paulatino del uso de agroquímicos porque los insectos y malezas se hacen resistentes?
Argumento 4 "Todos pueden opinar, pero las decisiones políticas deben estar en manos de los expertos"
De todos los argumentos, quizá sea éste el que pinta más de cuerpo entero a los científicos pro-Monsanto pues refleja el real tipo de consistencia entre su verbo y su praxis. Su inicial generosidad e interés por el bienestar de la humanidad se desdibuja con actitudes altaneras, excluyentes y dictadoras, intercaladas con insultos y frases destempladas cada vez que alguien osa contradecirles.
En el último momento del segundo debate en el programa Objetivos (radio San Borja, domingo 24 setiembre, 8am), Luis Destéfano reflexionó y sentó posición (asumimos que en nombre de todos los pro-transgénicos) "Para terminar quiero decir lo siguiente, yo creo que este debate es muy importante, sin embargo, yo digo que, este debate debe ser al final, decidido por los expertos. Y aquí quiero citar a un hombre de Estado, del siglo XVII, irlandés, Edmundo Burke, que decía que en una república, tu representante te debe, no sólo su inteligencia y su capacidad, sino también su capacidad de juzgar, su capacidad de juicio, pero él te va a traicionar si en lugar de usarlos, sacrifica todo eso y toma tu opinión.
"Entonces, la política, las formulaciones de políticas nacionales no se pueden llevar por un concurso de belleza de la opinión pública, cómo va el viento, cómo va la mayoría. Un gobierno debe liderar y liderar significa muchas veces irse contra lo que es popular y tomar lo que realmente es útil para el país y esto es lo que yo espero en estos momentos de mis gobernantes."
¿Realmente nos debemos quedar al margen? ¿Quién debe tener ingerencia sobre los recursos naturales como bien común? Siendo la alimentación un derecho primordial para todo ser humano ¿no debiera preocuparse para que sea sana, nutritiva y segura?
Antes de “callarse para siempre”, se desata el debate megadiverso anti-transgénicos
Felizmente, y como debe ser, el debate en Perú sobre el ingreso de los transgénicos ha motivado la intervención de los líderes de opinión de los diversos sectores. A continuación, recogemos algunos fragmentos de las opiniones.
Antonio Brack, ministro del Ambiente, reconocido ecólogo, experto sobre el potencial de los recursos de nuestra biodiversidad; "El futuro de la agricultura del Perú está en los alimentos orgánicos. Los cultivos transgénicos van a favorecer sólo a unos pocos."
Gastón Acurio, chef de prestigio internacional y exitoso empresario; "La agricultura transgénica no es conveniente para la economía del Perú porque la naturaleza del Perú es de gran biodiversidad que le permite convertirse en la gran marca de productos orgánicos en el mundo y los productos orgánicos tienen un valor agregado."
Fernando Villarán, economista, experto en promoción y desarrollo de las micro y pequeñas empresas, creador del Centro de Planeamiento Estratégico-CEPLAN; "Cada vez más personas aceptan que la principal fortaleza estratégica del Perú es su megadiversidad; no solo biológica, sino también geográfica, climática, cultural, racial... Poner en peligro estos logros, así como sus potencialidades, para darle gusto a unos cuantos importadores de semillas alteradas genéticamente es algo absurdo e irresponsable."
Rafo León, comunicador, difusor convencido de nuestros paisajes; "Algo me dice, doctor Grobmann, que quien no tiene vela en este entierro es usted."
William Arteaga Donayre, coordinador general de Agro y Agroindustria de PromPerú; "Nuestro país es tan rico y megabiodiverso que no necesitamos los transgénicos para el desarrollo de nuestra agricultura. Con el manejo del clima y de lo que tenemos, es suficiente."
Asociación de Exportadores-ADEX; las noticias subrayaron que ADEX "...descartó cualquier interés por promover los cultivos transgénicos en nuestro país"; "...demandó un mayor apoyo del Estado a la agricultura orgánica"; "...reafirmó su apuesta por la agricultura orgánica y apoya suspender el ingreso de semillas transgénicas por el riesgo a la salud, ambiente y biodiversidad."
Carmen Felipe-Morales, Susana Villarán, Isabel Álvarez, Roelfin Haak, María Isabel Remy, John Earls, Mario Tapia, Alfredo Stecher, Julio Díaz Palacios, Eduardo Zegarra, Zósimo Huaman, Nelson Manrique, Jaime Delgado, Mariano Valderrama, Fernando Eguren, Gonzalo Portocarrero, Alfredo García, ... , todas estas personalidades suscribieron la declaración pública 'Antes de que sea demasiado tarde, Moratoria de 5 años a la entrada de transgénicos'.
Convención Nacional del Agro Peruano-Conveagro (con sus 19 federaciones agrarias nacionales), RAE Perú, RAAA, ANPE Perú, CCE, que juntas representan a más de medio centenar de gremios de productores y asociaciones de promotores y consumidores, suscribieron otro comunicado público 'Transgénicos ¿Por qué tanta prisa?', también publicado en Perú.21 y La República
77% de ciudadanos respondió estar en desacuerdo con los transgénicos en la encuesta del diario La República, publicada el 24 de julio, con más de mil votantes.
El ingreso de transgénicos al Perú, ya sea como cultivos o como insumos en productos transformados, afectará el futuro de los 28 millones de peruanas y peruanos, por ello, bienvenido un debate activo y participativo. La tecnología de los transgénicos suscita una reacción megadiversa y no debe quedar restringido a unos "expertos" que desean ser empleados de Monsanto.
La temperatura más baja en 40 años se presentó entre las 4 y 6 a.m. en La Molina y Ate. El fenómeno La Niña influyó en esta atípica situación.
Y mientras tanto la suma de muertos por frío en el Perú se elevó a 409, ante la inacción del gobierno peruano, gobierno nefasto que en vez de iniciar campañas de solidaridad con los hermanos del sur se dedica crear más ministerios, como el flamante Ministerio de Cultura, o a inflar la burocracia en Essalud y el Banco Nación. ¿Por qué la desidia? En Conocer Ciencia aventuramos una respuesta: el Sur no votó por el apra.
El Senamhi advierte que temperaturas bajas no implican, necesariamente, mayor frío. (USI) Una situación atípica, no registrada en más de 40 años, vivió hoy Lima, al informarse que los termómetros marcaron 8.8 grados en la zona este de la capital. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este bajón en la temperatura se presentó entre las 4 y 6 a.m. sobre todo en los distritos de La Molina y Ate.
Raquel Loayza, meteoróloga de la entidad en mención, explicó que esta temperatura estuvo influenciada por la presencia del fenómeno La Niña, la cual ejerce influencia en la temperatura de la costa. Una de sus características es el descenso de algunos grados en la temperatura marina.
“Desde nuestra estación de la Universidad Nacional Agraria La Molina hoy reportamos 8.8 grados centígrados de temperatura, exactamente a un mes de iniciado el invierno. (…) En 1964 tuvimos un descenso similar que llegó a 10.2 grados, pero se dio en el Callao”, detalló Loayza.
Datos:
Según el Senamhi temperaturas bajos no necesariamente significa sentir más frío.
Sostienen que es necesario diferenciar entre sensación térmica y lo que marcan los termómetros.
a Jueves, 17 de junio de 2010 La fiebre energética de Brasil inundará la selva peruana de megahidroeléctricas
La Amazonía se verá afectada
Otra más del fascista Alan García ( y su Cia.), no contentos con el Baguazo, el conflicto desarrollado en la Amazonía peruana, hace un año exactamente, ahora continúan en sus intentos de seguir rematnado nuestra Amazonía, contaminando el bosque tropical y despreciando los derechos de miles de ciudadanos que viven en dicho suelo. Y nuevamente veremos como el gobierno les mete bala y los asesina sin compasión. Y seguiremos así hasta que todos nos unamos y consigamos la vistoria final. Conozca más, vía prensa internacional, obviamente:
Protestas contra el proyecto Inambari. | La República
Mientras Alan García y Luiz Inácio Lula Da Silva se reunían el miércoles en Manaos para dar los últimos retoques el Acuerdo de Integración Energética Perú-Brasil, las comunidades ashaninkas peruanas del Río Ene, diezmadas y desplazadas de sus territorios durante las dos décadas de violencia política, asistían impotentes a una negociación que puede desplazarlas nuevamente de sus territorios ancestrales.
Este acuerdo, cuyo contenido es llevado con mucha reserva por ambos gobiernos, prevé la construcción en la amazonía peruana de centrales hidroeléctricas que durante 30 años comprometerán para su exportación a Brasil una capacidad acumulada de más 6000 MW.
En la práctica, este hecho supondrá, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la construcción por capitales brasileños de hasta 6 mega centrales que inundarán miles de hectáreas de una biodiversidad única y convertirán en desplazados a los pueblos campesinos e indígenas que las habitan.
En las tres últimas décadas, 3 millones de personas han sido desplazadas en Brasil para la construcción de hidroeléctricas, según el Movimiento de Afectados por Represas (MAB). Hoy, la demanda de energía insatisfecha de este gigante de casi 200 millones de personas le obliga a extender las represas fuera de sus fronteras y, con ellas, también los conflictos sociales y ambientales.
Un acuerdo 'astuto'
En ninguno de los 15 artículos del 'Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes a Brasil' se especifica cuantos proyectos hidroeléctricos se 'promoverán' ni cual será su localización exacta.
"La capacidad acumulada de todas las centrales de generación que se puedan comprometer a la exportación a Brasil será como máximo de 6000 MW más una tolerancia del 20%", reza el artículo 3.
"Es un acuerdo muy astuto porque al no identificar los proyectos sino el volumen de energía, los gobiernos evitan que podamos hacer cálculos para saber el número total de hectáreas inundadas y de poblaciones que serán desplazadas", explica a ELMUNDO.es Mariano Castro, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, quien denuncia el 'apresuramiento' de ambos líderes en concretar su firma.
"El Perú hoy día tiene un potencial de energía limpia nueve veces mayor que la demanda interna, por lo tanto, no hay justificación suficiente para que se apresuren en construir estas centrales y tengamos que asumir todos los costos ambientales y sociales", denuncia el experto.
Por su parte, los mandatarios hacen gala de sus excelentes relaciones bilaterales y evitan meterse en estos terrenos farragosos. Se limitan a anunciar que el acuerdo permitirá a Perú tener energía para el mercado interno a precio regulado y que sólo el excedente eléctrico será exportado a Brasil.
Sin garantías ambientales
Mientras que el acuerdo es muy explícito en fijar las cuotas energéticas de exportación, es vago en lo relacionado con los costos sociales y ambientales. Su artículo 9 sólo sostiene que "todas las actividades que se realicen para el cumplimiento del presente Acuerdo (..) se efectuarán en un contexto de desarrollo sostenible".
La falta de salvaguardas sociales y ambientales de estos acuerdos ha motivado que se conforme una plataforma integrada por universidades y organizaciones medioambientales, quienes denuncian que al inundar el bosque amazónico se generarán gases invernaderos, producto de la putrefacción de la materia orgánica. Por ello-afirman- una hidroeléctrica en la amazonía contamina 10 veces más que una central a carbón.
Según esta plataforma, una de las represas de capitales brasileños que se beneficiará de este acuerdo de exportación estará en Inambari, en la región de de Madre de Dios, una zona que alberga el mayor número de áreas naturales protegidas del país.
Esta central hidroeléctrica inundará 40 mil hectáreas, convirtiéndose en la más extensa de Perú y la 5ª más grande de América. Para su construcción, 3400 personas que habitan centros poblados de los departamentos de Puno, Madre y Cusco tendrían que ser desplazadas. Desde el anuncio de este proyecto hidroeléctrico, Inambari ha protagonizado paros y protestas multitudinarias.
Sin consulta previa a los pueblos indígenas
Otra de centrales hidroeléctricas sería la de Pakitsapango, en el distrito de Junín. A través de una resolución, el Ministerio de Energía y Minas ya ha autorizado a una empresa a realizar los estudios de factibilidad necesarios para iniciar este proyecto.
Para el Pueblo Ashaninka que habita el área concesionada, Pakitsapango (Casa del Águila) es un territorio sagrado.
"Esta concesión se superpone al territorio de 10 de nuestras comunidades nativas, así como la cuenca del Río Ene y fue otorgada sin informarnos ni consultarnos (…), colocándonos en una situación de vulnerabilidad y demostrando, una vez más, la falta de respeto del Gobierno Peruano hacia nuestra forma de vida y nuestros derechos", reza el pronunciamiento público emitido el pasado 8 de mayo por las comunidades ashaninkas de la cuenca del río Ene.
Hasta el momento, el Ejecutivo peruano no promulga la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso a finales de mayo. Esta ley obligará al Estado, tal y como establece el Convenio 169 de la OIT, a consultar a las comunidades indígenas antes de otorgar en concesión un proyecto que las afecte.
"Me parece inaudito que se firme el acuerdo energético con Brasil sin tener cuenta los derechos de los pueblos originarios", opina la congresista Gloria Ramos, miembro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso. "Hay un cálculo político para no aprobar la ley de consulta previa. Con la firma del convenio con Brasil se demuestra que seguimos con la lógica que causó el Baguazo".
Doe Run se niega a reparar la alta contaminación de los suelos de La Oroya
Doe Run: "Yo contamino, tú limpias"
¡¡¡Que buena Ira Rennet! !!No sólo conseguiste el complejo metalúrgico La Oroya a precio de ganga y con manejos turbio durante la dictadura de Fujimori, no te basta con saquear nuestros recursos naturales y envenenar la sangre de los niños con plomo (¡ojo! ya se te venció el plazo), no sólo te saliste con la tuya cuando el gobierno te dio 30 largos meses para cumplir el PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental)... ¡ahora pretendes ensuciar, pero que otro limpie!
La empresa minera asegura que reducir la contaminación es reesponsabilidad del Estado, mientras que este asevera lo contrario. ¡La sinverguenzería de Ira Rennert no tiene límites! Para Conocer Ciencia hay dos responsables a) Ira Rennert por buscar enriquecerse a toda costa sin interesarle un comino el medio ambiente y b) Alan García y todo el gobiernos que sumisamente se postran, una y otra vez, ante el poder del capital.
El puesto que La Oroya ocupa entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo fue ganado por decenas de años de ininterrumpida fundición de minerales sucios en el complejo minero que funciona allí desde 1922, primero por cuenta de la estadounidense Southern Peru Copper Corporation y luego por la estatal Centromin. En 1996, Centromin presentó un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que en 10 años debía reducir la contaminación a los niveles máximos permisibles. Doe Run, que compró el complejo en 1997, asumió los compromisos del PAMA, y todo parecía ir bien hasta que, a fines del 2002, un libro reveló que no era así.
El libro, La Oroya no espera, escrito por los doctores Anna Cederstav y Alberto Barandiarán, demostró que casi todos los niños de la ciudad estaban intoxicados con plomo y que había altísimas concentraciones de arsénico, cadmio y dióxido de azufre en el aire.
En rigor, no era el primer estudio al respecto, pero tenía la contundencia de haber sido elaborado con reportes del Ministerio de Salud (Minsa) e información que Doe Run proporcionaba al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El libro dejaba al Estado peruano al descubierto, y eso fue lo que más preocupó al entonces viceministro de Minas, César Polo.
María Chauppuis entra en escena
Antes de que terminara el año, Polo decidió nombrar directora general de Minería a su asesora, María Chappuis. El nombramiento marcó un antes y después en el tratamiento que el MEM daba a Doe Run y a la contaminación de La Oroya. Chappuis pidió a la Dirección de Asuntos Ambientales del MEM los documentos de monitoreo del PAMA del Complejo Minero de La Oroya. Le fue entregada una ligerísima carpeta.
–Recibí cinco hojitas –dice Chappuis–. ¿Esta es la fiscalización de un PAMA de más de 100 millones de dólares?, pregunté. Pues lo era.
El problema del PAMA
La fiscalización del cumplimiento de un PAMA es una tarea compleja, y Chappuis se dio cuenta rápidamente de que carecía de instrumentos. La empresa no presentaba planes de trabajo que mostraran metas intermedias medibles. Chappuis contrató una auditoría internacional, que demostró en el 2003 la falta de representatividad de los siempre aceptables registros de calidad del aire que mostraba Doe Run al MEM. Su equipo estaba calibrado para leer solo de 0 a 2 ppm –partes por millón, unidad de medida– de dióxido de azufre. ¡La contaminación mayor no la medía!
Además, constató que las inversiones estaban atrasadas y que era poco probable una culminación del PAMA en los plazos previstos. En el 2003 y el 2004, la empresa empezó a ser multada por no presentar la información necesaria para fiscalizar su programa. Por entonces Doe Run ya había pedido al gobierno que le extendiera el PAMA hasta el 2011, aduciendo que no podía invertir los 115 millones de dólares que costaba completarlo.
–El PAMA es como la revisión técnica automotriz –dice un experto–: cualquier unidad debe tener los faros funcionando y el tubo de escape en buen estado. El que tenga un auto viejo debe conseguir como sea el dinero para repararlo.
Al tiempo que Chappuis iba endureciendo su posición hasta hacerla intolerable para Doe Run, en otros sectores del Estado crecía una actitud más pragmática. Mientras la empresa recibía por primera vez multas de la Dirección General de Minería, miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso viajaban a Mi-ssouri, a la matriz de Doe Run. En octubre del 2004, uno de ellos reemplazó al renunciante ministro del sector, Jaime Quijandría.
El nuevo ministro y Doe Run
Desde el comienzo de su gestión, el ministro Glodomiro Sánchez y el jefe de sus asesores jurídicos, Felipe Isasi, tuvieron claro que el gobierno tenía que darle una salida al PAMA inconcluso de Doe Run. No solo porque ya no lo podría cumplir aunque tuviera el dinero, sino por el costo de cerrar un complejo de 3.500 trabajadores. Ese fin de año los habitantes de La Oroya organizaron un paro y bloqueo de carreteras en apoyo a la compañía. Chappuis, arrinconada desde la salida de Quijandría, empezó a ser considerada más como parte del problema que de la solución.
Chappuis se jugó por conceder una ampliación excepcional cambiando las condiciones del contrato, que obligaban al Estado a responder por cualquier juicio por daños ambientales durante el desarrollo del PAMA. Si el PAMA se extendía por causas atribuibles a Doe Run, sería razonable que asumiera esas responsabilidades.
Pero nadie defendería su postura en el ministerio. “Era la opinión jurídica de una ingeniera”, dijo para este artículo un asesor ministerial de entonces.
Chappuis (y el Perú) arrinconados...
El 29 de diciembre, con gran apoyo del Congreso y del gobierno, fue aprobado el Decreto Supremo 046, que prorrogó “excepcionalmente” los plazos para el cumplimiento de programas medioambientales en el sector minero. A los pocos días, Chappuis renunció a la Dirección General de Minería. En una carta dirigida al ministro sostuvo que el MEM había priorizado lo inmediato sobre lo adecuado. Admitió también que había fracasado en presentar sus puntos de vista para mantener el principio de autoridad ante las “omisiones, incumplimientos e inobservancia de lo que fue pactado de modo libre y voluntario”.
Felipe Isasi toma la posta
Felipe Isasi ya era viceministro de Minas, y tenía motivos para estar optimista. Antes de finalizar el año vería concluidas una obras a las que había dedicado mucho empeño: el PAMA del complejo minero de La Oroya, que finalmente, después de tantos retrasos, iba a ser realidad.
Isasi convocó a los ejecutivos de Doe Run al MEM y recibió una respuesta tranquilizadora.
–No se preocupe –le dijo José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de la compañía–. Según nuestro cronograma, debemos acabar la planta en octubre. Si seguíamos como estábamos, acabábamos en julio.
El viceministro quiso comprobarlo, y el 6 de febrero visitó La Oroya. Vio funcionando a satisfacción los sistemas de tratamiento de aguas domésticas e industriales, así como las dos primeras plantas de ácido sulfúrico. La tercera planta, que estaba en construcción, lucía su torre terminada en medio de la tierra removida, y a su lado los equipos listos para recomenzar los trabajos. El gerente general le explicó la verdadera la razón por la que habían parado: experimentaron un flujo de caja negativo el último trimestre del 2008. Para recuperarse detuvieron las obras de la planta y ya estaban en azul. En marzo o abril reiniciarían la construcción y terminarían en octubre.
El Banco de Crédito aparece en escena
Isasi regresó conforme a Lima, pero al mes siguiente recibió una nueva visita de los ejecutivos de Doe Run. El Banco de Crédito del Perú (BCP) les exigía detener las obras del PAMA como condición para seguir financiando sus operaciones. Doe Run quería saber si el PAMA podría ser nuevamente prorrogado.
–Ni se les ocurra hablar de prórroga –dijo Isasi–. Ni un minuto de prórroga. Veremos cómo podemos ayudarlos, pero esa palabra no está en nuestro diccionario.
Ahora sí el viceministro sintió que le bajaba la presión. A los pocos días se enteró de que la noticia era definitiva. El consorcio crediticio que daba capital de trabajo a Doe Run –integrado por el BCP, el Paribas francés y el Standard Bank de Londres– se negaba a seguir haciéndolo. Le entregaban cada mes 75 millones de dólares para que comprara concentrados mineros. Cuando Doe Run los refinaba y vendía, le devolvía al banco, que luego le daba la misma cantidad. Así estaba viviendo, pero le cerraron el caño justo después de devolver el dinero de fin de mes en la ventanilla.
Reunión en el MEM
Bajo la conducción del ministro Luis Carranza estaban reunidos los principales directivos de Doe Run y sus acreedores –Cormin, Buenaventura, Volcan entre ellos–, compañías que le entregaban su mineral para ser refinado y que reclamaban deudas por más de 100 millones de dólares. Había un representante del BCP y otro del MEM: Felipe Isasi.
–De aquí no salimos sin una solución –dijo el ministro Luis Carranza–. Este es un problema muy serio.
Christian Laub, del BCP, dijo que la dificultad mayor no eran los 75 millones de dólares que se les había cortado para las operaciones. “Esta empresa tiene un problema grave. Necesita un crédito de largo plazo, estructural. ¿Quién le va a dar crédito si en octubre puede ser cerrada?”.
Isasi dijo que no tenía por qué cerrar. “Si cumple con el PAMA, no cierra y es viable”.
–Es viable, pero sin el PAMA –retrucó el del BCP–.
–No le permito que diga eso –dijo Isasi–. Eso es como decir que una empresa es viable si no paga a sus trabajadores. Las obligaciones ambientales son inherentes al giro del negocio. Más bien los bancos más importantes no prestan a las empresas que no cumplen con estos compromisos. Carranza calmó a Isasi con unas palmaditas en el hombro.
El viceministro ya no fue convocado a la siguiente reunión.
Alan García entra en el tablero
De súbito, los acreedores y Doe Run llegaron a un acuerdo, bendecido por el gobierno. Como medida inmediata, la empresa capitalizaría una deuda de 156 millones de dólares que le tenía a su propietario, Ira Rennert. Luego, dejaría el cien por ciento de las acciones como garantía del cumplimiento del PAMA. A su vez, los acreedores le entregarían a crédito concentrados por 100 millones de dólares y avalarían ante los bancos un préstamo de 75 millones de dólares para capital de trabajo. Era un final feliz, sobre todo para Isasi, porque no se hablaba de prorrogar el PAMA.
Pero nadie podía prever que este final feliz abortaría. En el acta de “capitalización” de su deuda, Ira Rennert condicionó la operación a que hubiera una postergación del PAMA, y Registros Públicos rechazó el documento. Con la fundición parada, la negociación volvió a fojas cero. El 1 de mayo, el ministro Sánchez le dijo a Isasi que el Presidente quería verlo.
Isasi renunció en junio, antes de que se anunciara la postergación del PAMA de Doe Run, aunque el motivo inmediato fue otro. En los hechos, había dejado de ser el colaborador más importante del ministro. En cierto modo, vivía la soledad de Chappuis en el ministerio de plomo, a fines del 2004.
Conclusión
Ganó Ira Rennert, ganó Alan García y ganó el Banco de Crédito. Perdió el Perú y el medio ambiente.
Ahora estimado amigo, si leyó hasta aquí, ya está preparado para leer la noticia que apareció hace un par de horas (son las 10:00 a.m.) en la web del diario El Comercio. Nos joden y después nosotros tenemos que limpiar:
Doe Run se niega a reparar la alta contaminación de los suelos de La Oroya
Una fuerte discrepancia se ha desatado entre la estatal Activos Mineros y Doe Run por la remediación de los suelos contaminados de la ciudad de La Oroya. Mientras que la primera (empresa pública encargada de remediar los pasivos mineros dejados por la participación estatal en el sector) indica que Doe Run debe participar en la remediación de los suelos, la empresa minera arguye que corresponde completamente al Estado solucionar este daño ambiental. (Vea aquí el mapa)
El gerente general de Activos Mineros, Víctor Carlos Estrella, señala que, según el contrato de transferencia firmado cuando la estatal Centromín vendió el complejo metalúrgico de La Oroya a Doe Run en 1996, al Estado solo le toca hacerse responsable de todos los pasivos ambientales generados en suelos hasta octubre de ese año. Lo generado en adelante —según la interpretación de Estrella— es responsabilidad del Estado solo si Doe Run cumple satisfactoriamente su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y no supera el nivel de emisiones contaminantes que tenía Centromín cuando operaba la fundición y refinería de La Oroya.
Indica que es conocido que Doe Run hace cinco años ha superado los niveles de producción de Centromín. “Eso lo han reconocido ellos. A mayor producción, las emisiones son mayores”, indica. Asimismo, explica que la minera no ha cumplido con los plazos otorgados para culminar su PAMA, esto ha significado más emisiones contaminantes dejados en los suelos de La Oroya.
Por su parte, José Mogrovejo, vicepresidente de asuntos ambientales de Doe Run, indica que, según el contrato de transferencia, a Centromín le compete la remediación de suelos desde la firma del contrato hasta la culminación del PAMA de Doe Run.
“Solo es responsabilidad de Doe Run si como producto del incumplimiento del PAMA, contamina los suelos. Si esto pasa, Doe Run comparte la responsabilidad de remediar los suelos solo del área contaminada con el Estado”, sostiene.
Mogrovejo reconoce que Doe Run ha emitido partículas de plomo, cadmio y arsénico desde 1996 hasta enero del 2007 cuando —según el ejecutivo— se logró controlar las emisiones que afectaban los suelos y las aguas de La Oroya. Explica que Doe Run solo tiene pendiente controlar las emisiones de ácido sulfúrico que van al aire. Agrega que estas no afectan los suelos.
Estrella indicó que Activos Mineros intentaría resolver esta controversia con Doe Run una vez que la minera reanude sus operaciones.
Remediación Por otra parte, Estrella explicó que Activos Mineros ya ha empezado a intervenir en la remediación de suelos en algunas zonas de La Oroya hace seis meses. Explicó que la estatal ha invertido un millón de dólares, principalmente en la pavimentación de zonas próximas a áreas escolares. El funcionario indicó que esto no significa que no vayan a deslindar responsabilidades con Doe Run.
Más datos Un estudio encabezado por la consultora ambiental Ground Water International, indicó que 2.300 kilómetros de terrenos se encuentran contaminados en los alrededores de La Oroya.
Este sería el estudio más completo que se ha hecho hasta el momento sobre la situación de los suelos en La Oroya.
La viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Ana María Gonzales, dijo que se deben establecer programas para reducir la exposición de la población a los suelos contaminados.
Dijo que buscaría formar un comité que haga seguimiento a la remediación ambiental.
Perú: ¿Por qué luchan los pueblos indígenas amazónicos? Por Jorge Agurto Fuente: Eco Portal
Hoy (miércoles 27 de mayo) se cumplen 48 días de paralización total en los departamentos de la selva del Perú: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali (departamentos que integran la amazonía peruana)
Hoy se realiza una jornada nacional de protesta, organizada por la CGTP (orgnismo que agrupa a la gran mayoría de sindicatos del Perú) en respaldo a la lucha de los pueblos indígenas lucha encabezada por AIDESEP.
La jornada de protesta amazónica tiene una plataforma concreta que es fundamental conocer para saber sus motivaciones y no caer en el manido argumento de la manipulación política. Luego de un breve repaso de las normas cuestionadas comprobaremos que las organizaciones indígenas están luchando no solo por su vida e identidad como pueblos, sino también por el bosque amazónico, sus recursos, la biodiversidad y el patrimonio de todos los peruanos y la humanidad.
Las principales normas cuestionadas son:
Ley 29317, que modifica el Decreto Legislativo 1090 y se constituye como: Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El artículo 6 de esta norma permite cambiar el uso de las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría cuando se trata de proyectos de interés nacional.
Como lo advirtió el Colectivo Forestal, el tema de fondo de esta ley aprobada a trompicones y de espaldas a la sociedad civil, “son los compromisos ‘inconfesables’ del Gobierno con grandes inversionistas para producir etanol” y constituye un incentivo perverso para reducir el propio patrimonio forestal.
Hay que tener resente que el 18 de abril de 2009 el gobierno constituyó el Grupo Técnico de Trabajo para formular el Plan Nacional de Agroenergía en un plazo de noventa días y la Resolución Ministerial 0315-009-AG destaca que es función del sector Agricultura promover “el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de biocombustibles”.
Tal rol se encuentra en la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles y los decretos supremos 004-2008-AG y 016-2008-AG que declaran de interés nacional las plantaciones de piñón, higuerilla, caña brava y bambú con fines energéticos.
Lo que nuestros hermanos indígenas amazónicos están haciendo al enfrentar esta norma es defender el bosque tropical amazónico de las terribles consecuencias que significan las plantaciones de monocultivos para fines de agrocombustibles.
La Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. Esta norma se aprobó con modificaciones de último minuto y abre paso a la privatización del agua con fines de lucro y para el provecho de operadores privados. Un comunicado de las organizaciones sociales denunció oportunamente que favorecerá particularmente a las empresas mineras “que cuentan con 18'260,779.87 millones de héctareas de denuncios mineros, la mayoría de ellos asentados en las cabeceras de cuenca”.
La norma ignoró las propuestas formuladas por las juntas de usuarios de los distritos de riego, los gremios campesinos, las organizaciones indígenas y los grupos ambientalistas, reconcentra la gestión del agua en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y elimina las Autoridades Autónomas de Cuenca que existían en la anterior legislación.
El Partido Nacionalista advirtió que la concentración de funciones en la ANA “favorece a las empresas, principalmente mineras, interesadas en la explotación comercial del agua, las que ahora podrán obtener licencias desde Lima sin la intervención de las Regiones”.
El Decreto Legislativo 1020. El dispositivo promueve la constitución de unidades productivas mayores de 20 hectáreas mediante el estímulo de la compra de tierras. Se le critica por no proponer ninguna actividad alternativa para el sustento de las familias con menos opciones y recursos.
El Decreto Legislativo 1064. Elimina el requisito del acuerdo previo entre las empresas y las comunidades campesinas y nativas para iniciar las actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo. Esta norma significa un grave y brutal atropello al derecho a la propiedad privada de las comunidades y propietarios rurales dándoles ventajas a los inversionistas privados.
El Decreto Legislativo 1089. En lugar de culminar el proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas a cargo del antiguo Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), las Direcciones Regionales Agrarias o los municipalidades que podían sanear la la propiedad en áreas rurales este dispositivo establece un régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de los predios rurales a cargo del COFOPRI, un organismo dedicado a la formalización de la propiedad informal especialmente en áreas urbanas.
La norma deja en suspenso leyes importantes como las leyes de comunidades campesinas y nativas y la ley de deslinde y titulación de comunidades campesinas que cautelan importantes derechos colectivos.
Reforma de la Constitución Política del Estado para reintegrar los derechos territoriales indígenas. La Constitución Política de 1979, que significó el retorno a la institucionalidad democrática definió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptibles de las tierras comunales (las denominadas tres “i”).
Esta Carta Magna fue rubricada por Víctor Raúl Haya de la Torre, supuesto mentor y adalid del actual gobierno del partido aprista, del cual fuera histórico jefe y fundador. La Constitución de 1993 -que tiene un carácter ilegítimo pues fue impuesta de manera fraudulenta en un régimen de excepción por Alberto Fujimori- eliminó el carácter inalienable e imebargable de las tierras comunales y debilitó el carácter su carácter imprescriptible, al colocar como causal de excepción el “abandono”.
En consecuencia es justo y legítimo que las organizaciones indígenas demanden se restablezca la protección constitucional a su derecho colectivo al territorio y que es fundamento para su vida e identidad como pueblos indígenas u originarios.
Otras normas que deberían ser enfrentadas
Además de las normas señaladas hay un paquete de normas legales que favorecen la introducción de los productos transgénicos, la apropiación de la biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos a favor de empresas transnacionales como Monsanto.
La denuncia formulada por la especialista Isabel Lapeña en Servindi señala cómo el gobierno ha canjeado su mercado de biodiversidad por su afan de suscribir el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que ha ocasionado que tengamos el régimen más privatista del mundo al permitir el patentamiento de los genes o de la vida.
Este nuevo régimen que solo favorece a un puñado de empresas transnacionales como Monsanto se expresa en la Ley 29136 y los decretos legislativos 1059, 1060, 1075 y 1080, que también deberían ser derogados por afectar el patrimonio nacional, poner en riesgo la bioseguridad del país y violar compromisos y principios internacionales.
¿Quién defiende el interés nacional?
Este apretado repaso de normas es únicamente para enfatizar que la lucha actual de los indígenas amazónicos tiene sobrados fundamentos porque se trata de normas inconsultas, espúreas e ilegítimas, que intentan avasallar sus derechos colectivos como pueblos pre existentes al Estado peruano, que tienen derecho colectivo al territorio, a su identidad y a sus propios modos de vida.
Al dictar normas que afectan sus condiciones de existencia sin su participación y consentimiento el Estado peruano ha violado el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, norma que tiene rango constitucional y que prevalece sobre otras normas de menor jerarquía.
Esto lo ha destacado de manera clara el jurista Dr. Magdiel Gonzáles Ojeda, ex Magistrado del Tribunal Constitucional, en una brillante disertación realizada en el propio Congreso de la República en enero de este año (escuchar audio en: “El Convenio 169 es un tratado de derechos humanos de jerarquía constitucional y vinculante“).
El gobierno aprista, en su afán desmedido de entregar los recursos nacionales al interés privado transnacional, sin cautelar el patrimonio ni los intereses nacionales, está permitiendo que el Estado se aleje cada vez más de su rol garante de los derechos humanos y ciudadanos y que el actual régimen pierda legitimidad.
Con su protesta, los pueblos indígenas amazónicos nos están recordando que existe el derecho a la protesta para defender la vida de los pueblos, los recursos naturales, el agua, los bosques, la biodiversidad. No es otro el sentido de la reflexión tan oportuna de los Obispos de la Amazonía que instan al presidente Alan García derogar los Decretos Legislativos, y a quienes no se puede acusar de intereses electorales o políticos subalternos.
La ciudadanía peruana no debe permitir que el gobierno en su afán facilista, entreguista y depredador prosiga su política para la amazonía que consiste en permitir la tala ilegal, la contaminación minera, alentar la deforestación para producir agrocombustibles y cubrir la selva peruana de lotes de hidrocarburos, sin respetar los territorios indígenas, las áreas protegidas e incluso lugares donde existen evidencias de grupos en aislamiento extremadamente vulnerables a cualquier contacto.
El 72 por ciento de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. A pesar del avance tecnológico, solo la desidia e incapacidad estatal ha permitido, por ejemplo, que desde noviembre de 2006 a marzo de 2009, se hayan producido 48 derrames entre los lotes 8 y 1-AB de Pluspetrol. De esta cifra, 22 derrames son de mayor importancia, afectando los ríos Tigre y Corrientes y sus afluentes, “generando impactos negativos en la salud de la población que se encuentran entre los dos lotes” (Ver artículo: La agonía de las comunidades indígenas mientras el “Perú avanza”).
Por las razones expuestas debemos recordar a los políticos, a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional que los pueblos indígenas amazónicos están luchando no solo por su vida como pueblos, sino también por la amazonía, uno de los sistemas naturales más importantes del mundo en recursos naturales, servicios ambientales y diversidad cultural.
Han pasado 10 años desde aquel sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y nativos de las comunidades awajún y wampis, en la llamada 'Curva del diablo'. El 'Baguazo'
dejó grandes heridas en muchas familias, pero sobre todo dejó un hito
en el que la deshumanización del hombre llegó a niveles jamás vistos en
el país. 
