Jueves, 12 de noviembre de 2009
Doe Run se niega a reparar la alta contaminación de los suelos de La Oroya
Doe Run: "Yo contamino, tú limpias"¡¡¡Que buena Ira Rennet! !!No sólo conseguiste el complejo metalúrgico La Oroya a precio de ganga y con manejos turbio durante la dictadura de Fujimori, no te basta con saquear nuestros recursos naturales y envenenar la sangre de los niños con plomo (¡ojo! ya se te venció el plazo), no sólo te saliste con la tuya cuando el gobierno te dio 30 largos meses para cumplir el PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental)... ¡ahora pretendes ensuciar, pero que otro limpie!
La empresa minera asegura que reducir la contaminación es reesponsabilidad del Estado, mientras que este asevera lo contrario. ¡La sinverguenzería de Ira Rennert no tiene límites! Para Conocer Ciencia hay dos responsables a) Ira Rennert por buscar enriquecerse a toda costa sin interesarle un comino el medio ambiente y b) Alan García y todo el gobiernos que sumisamente se postran, una y otra vez, ante el poder del capital.
Un poco de Historia (con datos de Poder 360º)
Un libro contundente
El puesto que La Oroya ocupa entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo fue ganado por decenas de años de ininterrumpida fundición de minerales sucios en el complejo minero que funciona allí desde 1922, primero por cuenta de la estadounidense Southern Peru Copper Corporation y luego por la estatal Centromin. En 1996, Centromin presentó un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que en 10 años debía reducir la contaminación a los niveles máximos permisibles. Doe Run, que compró el complejo en 1997, asumió los compromisos del PAMA, y todo parecía ir bien hasta que, a fines del 2002, un libro reveló que no era así.
El libro, La Oroya no espera, escrito por los doctores Anna Cederstav y Alberto Barandiarán, demostró que casi todos los niños de la ciudad estaban intoxicados con plomo y que había altísimas concentraciones de arsénico, cadmio y dióxido de azufre en el aire.
En rigor, no era el primer estudio al respecto, pero tenía la contundencia de haber sido elaborado con reportes del Ministerio de Salud (Minsa) e información que Doe Run proporcionaba al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El libro dejaba al Estado peruano al descubierto, y eso fue lo que más preocupó al entonces viceministro de Minas, César Polo.
María Chauppuis entra en escena
–Recibí cinco hojitas –dice Chappuis–. ¿Esta es la fiscalización de un PAMA de más de 100 millones de dólares?, pregunté. Pues lo era.
El problema del PAMA
La fiscalización del cumplimiento de un PAMA es una tarea compleja, y Chappuis se dio cuenta rápidamente de que carecía de instrumentos. La empresa no presentaba planes de trabajo que mostraran metas intermedias medibles. Chappuis contrató una auditoría internacional, que demostró en el 2003 la falta de representatividad de los siempre aceptables registros de calidad del aire que mostraba Doe Run al MEM. Su equipo estaba calibrado para leer solo de 0 a 2 ppm –partes por millón, unidad de medida– de dióxido de azufre. ¡La contaminación mayor no la medía!
Además, constató que las inversiones estaban atrasadas y que era poco probable una culminación del PAMA en los plazos previstos. En el 2003 y el 2004, la empresa empezó a ser multada por no presentar la información necesaria para fiscalizar su programa. Por entonces Doe Run ya había pedido al gobierno que le extendiera el PAMA hasta el 2011, aduciendo que no podía invertir los 115 millones de dólares que costaba completarlo.
–El PAMA es como la revisión técnica automotriz –dice un experto–: cualquier unidad debe tener los faros funcionando y el tubo de escape en buen estado. El que tenga un auto viejo debe conseguir como sea el dinero para repararlo.
Al tiempo que Chappuis iba endureciendo su posición hasta hacerla intolerable para Doe Run, en otros sectores del Estado crecía una actitud más pragmática. Mientras la empresa recibía por primera vez multas de la Dirección General de Minería, miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso viajaban a Mi-ssouri, a la matriz de Doe Run. En octubre del 2004, uno de ellos reemplazó al renunciante ministro del sector, Jaime Quijandría.
El nuevo ministro y Doe Run
Desde el comienzo de su gestión, el ministro Glodomiro Sánchez y el jefe de sus asesores jurídicos, Felipe Isasi, tuvieron claro que el gobierno tenía que darle una salida al PAMA inconcluso de Doe Run. No solo porque ya no lo podría cumplir aunque tuviera el dinero, sino por el costo de cerrar un complejo de 3.500 trabajadores. Ese fin de año los habitantes de La Oroya organizaron un paro y bloqueo de carreteras en apoyo a la compañía. Chappuis, arrinconada desde la salida de Quijandría, empezó a ser considerada más como parte del problema que de la solución.
Chappuis se jugó por conceder una ampliación excepcional cambiando las condiciones del contrato, que obligaban al Estado a responder por cualquier juicio por daños ambientales durante el desarrollo del PAMA. Si el PAMA se extendía por causas atribuibles a Doe Run, sería razonable que asumiera esas responsabilidades.
Pero nadie defendería su postura en el ministerio. “Era la opinión jurídica de una ingeniera”, dijo para este artículo un asesor ministerial de entonces.
Chappuis (y el Perú) arrinconados...
El 29 de diciembre, con gran apoyo del Congreso y del gobierno, fue aprobado el Decreto Supremo 046, que prorrogó “excepcionalmente” los plazos para el cumplimiento de programas medioambientales en el sector minero. A los pocos días, Chappuis renunció a la Dirección General de Minería. En una carta dirigida al ministro sostuvo que el MEM había priorizado lo inmediato sobre lo adecuado. Admitió también que había fracasado en presentar sus puntos de vista para mantener el principio de autoridad ante las “omisiones, incumplimientos e inobservancia de lo que fue pactado de modo libre y voluntario”.
Felipe Isasi toma la posta
Felipe Isasi ya era viceministro de Minas, y tenía motivos para estar optimista. Antes de finalizar el año vería concluidas una obras a las que había dedicado mucho empeño: el PAMA del complejo minero de La Oroya, que finalmente, después de tantos retrasos, iba a ser realidad.
Isasi convocó a los ejecutivos de Doe Run al MEM y recibió una respuesta tranquilizadora.
–No se preocupe –le dijo José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de la compañía–. Según nuestro cronograma, debemos acabar la planta en octubre. Si seguíamos como estábamos, acabábamos en julio.
El viceministro quiso comprobarlo, y el 6 de febrero visitó La Oroya. Vio funcionando a satisfacción los sistemas de tratamiento de aguas domésticas e industriales, así como las dos primeras plantas de ácido sulfúrico. La tercera planta, que estaba en construcción, lucía su torre terminada en medio de la tierra removida, y a su lado los equipos listos para recomenzar los trabajos. El gerente general le explicó la verdadera la razón por la que habían parado: experimentaron un flujo de caja negativo el último trimestre del 2008. Para recuperarse detuvieron las obras de la planta y ya estaban en azul. En marzo o abril reiniciarían la construcción y terminarían en octubre.
El Banco de Crédito aparece en escena
Isasi regresó conforme a Lima, pero al mes siguiente recibió una nueva visita de los ejecutivos de Doe Run. El Banco de Crédito del Perú (BCP) les exigía detener las obras del PAMA como condición para seguir financiando sus operaciones. Doe Run quería saber si el PAMA podría ser nuevamente prorrogado.
–Ni se les ocurra hablar de prórroga –dijo Isasi–. Ni un minuto de prórroga. Veremos cómo podemos ayudarlos, pero esa palabra no está en nuestro diccionario.
Ahora sí el viceministro sintió que le bajaba la presión. A los pocos días se enteró de que la noticia era definitiva. El consorcio crediticio que daba capital de trabajo a Doe Run –integrado por el BCP, el Paribas francés y el Standard Bank de Londres– se negaba a seguir haciéndolo. Le entregaban cada mes 75 millones de dólares para que comprara concentrados mineros. Cuando Doe Run los refinaba y vendía, le devolvía al banco, que luego le daba la misma cantidad. Así estaba viviendo, pero le cerraron el caño justo después de devolver el dinero de fin de mes en la ventanilla.
Reunión en el MEM
Bajo la conducción del ministro Luis Carranza estaban reunidos los principales directivos de Doe Run y sus acreedores –Cormin, Buenaventura, Volcan entre ellos–, compañías que le entregaban su mineral para ser refinado y que reclamaban deudas por más de 100 millones de dólares. Había un representante del BCP y otro del MEM: Felipe Isasi.
–De aquí no salimos sin una solución –dijo el ministro Luis Carranza–. Este es un problema muy serio.
Christian Laub, del BCP, dijo que la dificultad mayor no eran los 75 millones de dólares que se les había cortado para las operaciones. “Esta empresa tiene un problema grave. Necesita un crédito de largo plazo, estructural. ¿Quién le va a dar crédito si en octubre puede ser cerrada?”.
Isasi dijo que no tenía por qué cerrar. “Si cumple con el PAMA, no cierra y es viable”.
–Es viable, pero sin el PAMA –retrucó el del BCP–.
–No le permito que diga eso –dijo Isasi–. Eso es como decir que una empresa es viable si no paga a sus trabajadores. Las obligaciones ambientales son inherentes al giro del negocio. Más bien los bancos más importantes no prestan a las empresas que no cumplen con estos compromisos.
Carranza calmó a Isasi con unas palmaditas en el hombro.
El viceministro ya no fue convocado a la siguiente reunión.
Alan García entra en el tablero
De súbito, los acreedores y Doe Run llegaron a un acuerdo, bendecido por el gobierno. Como medida inmediata, la empresa capitalizaría una deuda de 156 millones de dólares que le tenía a su propietario, Ira Rennert. Luego, dejaría el cien por ciento de las acciones como garantía del cumplimiento del PAMA. A su vez, los acreedores le entregarían a crédito concentrados por 100 millones de dólares y avalarían ante los bancos un préstamo de 75 millones de dólares para capital de trabajo. Era un final feliz, sobre todo para Isasi, porque no se hablaba de prorrogar el PAMA.
Pero nadie podía prever que este final feliz abortaría. En el acta de “capitalización” de su deuda, Ira Rennert condicionó la operación a que hubiera una postergación del PAMA, y Registros Públicos rechazó el documento. Con la fundición parada, la negociación volvió a fojas cero. El 1 de mayo, el ministro Sánchez le dijo a Isasi que el Presidente quería verlo.
Isasi renunció en junio, antes de que se anunciara la postergación del PAMA de Doe Run, aunque el motivo inmediato fue otro. En los hechos, había dejado de ser el colaborador más importante del ministro. En cierto modo, vivía la soledad de Chappuis en el ministerio de plomo, a fines del 2004.
Conclusión
Ganó Ira Rennert, ganó Alan García y ganó el Banco de Crédito. Perdió el Perú y el medio ambiente.
Ahora estimado amigo, si leyó hasta aquí, ya está preparado para leer la noticia que apareció hace un par de horas (son las 10:00 a.m.) en la web del diario El Comercio. Nos joden y después nosotros tenemos que limpiar:
Doe Run se niega a reparar la alta contaminación de los suelos de La Oroya
Una fuerte discrepancia se ha desatado entre la estatal Activos Mineros y Doe Run por la remediación de los suelos contaminados de la ciudad de La Oroya. Mientras que la primera (empresa pública encargada de remediar los pasivos mineros dejados por la participación estatal en el sector) indica que Doe Run debe participar en la remediación de los suelos, la empresa minera arguye que corresponde completamente al Estado solucionar este daño ambiental. (Vea aquí el mapa)
El gerente general de Activos Mineros, Víctor Carlos Estrella, señala que, según el contrato de transferencia firmado cuando la estatal Centromín vendió el complejo metalúrgico de La Oroya a Doe Run en 1996, al Estado solo le toca hacerse responsable de todos los pasivos ambientales generados en suelos hasta octubre de ese año. Lo generado en adelante —según la interpretación de Estrella— es responsabilidad del Estado solo si Doe Run cumple satisfactoriamente su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y no supera el nivel de emisiones contaminantes que tenía Centromín cuando operaba la fundición y refinería de La Oroya.
Indica que es conocido que Doe Run hace cinco años ha superado los niveles de producción de Centromín. “Eso lo han reconocido ellos. A mayor producción, las emisiones son mayores”, indica. Asimismo, explica que la minera no ha cumplido con los plazos otorgados para culminar su PAMA, esto ha significado más emisiones contaminantes dejados en los suelos de La Oroya.
Por su parte, José Mogrovejo, vicepresidente de asuntos ambientales de Doe Run, indica que, según el contrato de transferencia, a Centromín le compete la remediación de suelos desde la firma del contrato hasta la culminación del PAMA de Doe Run.
“Solo es responsabilidad de Doe Run si como producto del incumplimiento del PAMA, contamina los suelos. Si esto pasa, Doe Run comparte la responsabilidad de remediar los suelos solo del área contaminada con el Estado”, sostiene.
Mogrovejo reconoce que Doe Run ha emitido partículas de plomo, cadmio y arsénico desde 1996 hasta enero del 2007 cuando —según el ejecutivo— se logró controlar las emisiones que afectaban los suelos y las aguas de La Oroya. Explica que Doe Run solo tiene pendiente controlar las emisiones de ácido sulfúrico que van al aire. Agrega que estas no afectan los suelos.
Estrella indicó que Activos Mineros intentaría resolver esta controversia con Doe Run una vez que la minera reanude sus operaciones.
Remediación
Por otra parte, Estrella explicó que Activos Mineros ya ha empezado a intervenir en la remediación de suelos en algunas zonas de La Oroya hace seis meses. Explicó que la estatal ha invertido un millón de dólares, principalmente en la pavimentación de zonas próximas a áreas escolares. El funcionario indicó que esto no significa que no vayan a deslindar responsabilidades con Doe Run.
Más datos
Un estudio encabezado por la consultora ambiental Ground Water International, indicó que 2.300 kilómetros de terrenos se encuentran contaminados en los alrededores de La Oroya.
Este sería el estudio más completo que se ha hecho hasta el momento sobre la situación de los suelos en La Oroya.
La viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Ana María Gonzales, dijo que se deben establecer programas para reducir la exposición de la población a los suelos contaminados.
Dijo que buscaría formar un comité que haga seguimiento a la remediación ambiental.
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