Mientras
los bosques de Perú se convierten en nuevos manantiales de aceite de
palma, el más demandado en todo del mundo, los habitantes de la Amazonía
viven amenazados por la creciente deforestación y especulación que
propicia este lucrativo cultivo.
"Ya no tenemos acceso al territorio de uso ancestral, ha quedado arrasado por la explotación", explica en una entrevista con Efe Carlos Hoyos Soria, fundador de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya (Ucayali), asentada en plena selva amazónica, la más grande del mundo.
Hoyos llegó a Washington esta semana, junto a otros miembros de su comunidad, para pedir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reconozca el lugar en el que se ubica su pueblo y así quede protegido ante la expansión de los cultivos de palma aceitera.
Este negocio no ha dejado de crecer en Perú desde 2012, una vez que los suelos de Malasia e Indonesia dejaron de ser rentables para la demanda incesante.
En cosméticos, alimentos e incluso como combustible para vehículos, el aceite de palma está presente en casi todo, pero su aparición en el día a día de las comunidades indígenas de Perú ha sacudido a miles de personas que, por los intereses en sus tierras fértiles, pueden perder su casa e incluso la vida.
"No estamos en contra de la inversión, solo queremos que el Estado nos otorgue la titularidad del territorio ancestral de nuestra comunidad para estar a salvo de la especulación y del tráfico de terrenos", relata.
Según la versión de Hoyos, los traficantes de tierras, interesados en adquirir suelo fértil para venderlo a las compañías agrícolas, abrieron fuego mientras él vigilaba los alrededores de su casa, pero las amenazas han llegado a más: un vecino de su comunidad tuvo que huir después de que quemaran completamente su hogar.
"Vivimos de la caza y la pesca, la naturaleza nos da alimentos, medicinas y educa a nuestros niños", narra Hoyos, ataviado con vestimenta tradicional, mientras trata de transmitir en la capital estadounidense la filosofía con la que vive entre los árboles amazónicos.
Esta comunidad quiere resolver el problema de forma diplomática antes de que la sangre llegue al río, ya que, recuerda Hoyos, "cuatro hermanos de otro asentamiento fueron asesinados a tiros".
"Somos gente pacífica (...) no queremos llegar a ese punto", zanja.
Álvaro Másquez, un abogado del Instituto de Defensa Legal a cargo del Área de Pueblos Indígenas, acompaña a la comitiva en su viaje a Washington.
Durante una audiencia solicitó a la CIDH que visite la comunidad y que transmita al Estado peruano su petición, así como que solicite información sobre los procesos judiciales abiertos contra los responsables de agredir y amedrentar a indígenas, abogados y activistas.
Este letrado recuerda que varios jueces rechazaron sus denuncias hasta que el Tribunal Constitucional accedió a revisar el caso, que se resolverá el próximo año y ha abierto un espacio a la esperanza.
Una resolución favorable "podría solucionarlo, pero solo abre oportunidades administrativas", matiza Másquez.
Carlos Reaño, procurador del Estado Peruano, recordó a la CIDH que hay precedentes en el Tribunal Constitucional con resolución positiva, ya que el artículo 89 de la Carta Magna considera que las comunidades nativas pueden hacer uso del territorio.
"Hay cosas que se pueden mejorar", aceptó el representante del Estado, al tiempo que recordó que "la personalidad jurídica de la comunidad no se encontraba inscrita".
Pero el Estado parece no tener la única responsabilidad de la preocupación de estas familias.
Según Jamer López, representante de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, el Gobierno regional otorgó tierras a especuladores, y algunos funcionarios se benefician de la actividad de las empresas.
López también criticó que las denuncias de abusos interpuestas en comisarías y entes locales abren investigaciones que "no llegan a conclusiones" y quedan a la espera.
Mientras aguardan a que el Constitucional se pronuncie y a que el Estado peruano termine de elaborar un Plan de Desarrollo Sostenible para la Palma Aceitera, además de esperar a que la CIDH elabore el informe que anunció esta semana, la vida de más de 1.300 comunidades, alerta López, seguirá alterada por el aceite más polémico pero más usado del mundo desarrollado.
Fuente: EFE
"Ya no tenemos acceso al territorio de uso ancestral, ha quedado arrasado por la explotación", explica en una entrevista con Efe Carlos Hoyos Soria, fundador de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya (Ucayali), asentada en plena selva amazónica, la más grande del mundo.
Hoyos llegó a Washington esta semana, junto a otros miembros de su comunidad, para pedir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reconozca el lugar en el que se ubica su pueblo y así quede protegido ante la expansión de los cultivos de palma aceitera.
Este negocio no ha dejado de crecer en Perú desde 2012, una vez que los suelos de Malasia e Indonesia dejaron de ser rentables para la demanda incesante.
En cosméticos, alimentos e incluso como combustible para vehículos, el aceite de palma está presente en casi todo, pero su aparición en el día a día de las comunidades indígenas de Perú ha sacudido a miles de personas que, por los intereses en sus tierras fértiles, pueden perder su casa e incluso la vida.
"No estamos en contra de la inversión, solo queremos que el Estado nos otorgue la titularidad del territorio ancestral de nuestra comunidad para estar a salvo de la especulación y del tráfico de terrenos", relata.
Según la versión de Hoyos, los traficantes de tierras, interesados en adquirir suelo fértil para venderlo a las compañías agrícolas, abrieron fuego mientras él vigilaba los alrededores de su casa, pero las amenazas han llegado a más: un vecino de su comunidad tuvo que huir después de que quemaran completamente su hogar.
"Vivimos de la caza y la pesca, la naturaleza nos da alimentos, medicinas y educa a nuestros niños", narra Hoyos, ataviado con vestimenta tradicional, mientras trata de transmitir en la capital estadounidense la filosofía con la que vive entre los árboles amazónicos.
Esta comunidad quiere resolver el problema de forma diplomática antes de que la sangre llegue al río, ya que, recuerda Hoyos, "cuatro hermanos de otro asentamiento fueron asesinados a tiros".
"Somos gente pacífica (...) no queremos llegar a ese punto", zanja.
Álvaro Másquez, un abogado del Instituto de Defensa Legal a cargo del Área de Pueblos Indígenas, acompaña a la comitiva en su viaje a Washington.
Durante una audiencia solicitó a la CIDH que visite la comunidad y que transmita al Estado peruano su petición, así como que solicite información sobre los procesos judiciales abiertos contra los responsables de agredir y amedrentar a indígenas, abogados y activistas.
Este letrado recuerda que varios jueces rechazaron sus denuncias hasta que el Tribunal Constitucional accedió a revisar el caso, que se resolverá el próximo año y ha abierto un espacio a la esperanza.
Una resolución favorable "podría solucionarlo, pero solo abre oportunidades administrativas", matiza Másquez.
Carlos Reaño, procurador del Estado Peruano, recordó a la CIDH que hay precedentes en el Tribunal Constitucional con resolución positiva, ya que el artículo 89 de la Carta Magna considera que las comunidades nativas pueden hacer uso del territorio.
"Hay cosas que se pueden mejorar", aceptó el representante del Estado, al tiempo que recordó que "la personalidad jurídica de la comunidad no se encontraba inscrita".
Pero el Estado parece no tener la única responsabilidad de la preocupación de estas familias.
Según Jamer López, representante de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, el Gobierno regional otorgó tierras a especuladores, y algunos funcionarios se benefician de la actividad de las empresas.
López también criticó que las denuncias de abusos interpuestas en comisarías y entes locales abren investigaciones que "no llegan a conclusiones" y quedan a la espera.
Mientras aguardan a que el Constitucional se pronuncie y a que el Estado peruano termine de elaborar un Plan de Desarrollo Sostenible para la Palma Aceitera, además de esperar a que la CIDH elabore el informe que anunció esta semana, la vida de más de 1.300 comunidades, alerta López, seguirá alterada por el aceite más polémico pero más usado del mundo desarrollado.
Fuente: EFE
