Prometimos explicar las razones que hacen dañina la ex Ley Beingolea,
convertida ahora en un Frankenstein llamado Ley de Delitos
Informáticos. Hace un par de semanas describimos cómo esta ley se aprobó
prácticamente en secreto y en tiempo récord. Los congresistas votaron,
por mayoría aplastante, a favor de una ley que, en un 80%, era distinta
de la que se había presentado.
Se hizo tan apresuradamente que terminó derogando el artículo de
otra ley… ¡por accidente!! En efecto, como es una ley hecha a las
patadas, armada con retazos de viejos proyectos, la ley Frankenstein de
Delitos Informáticos terminó reduciendo las penas para el robo de
patrimonio cultural (que, evidentemente, no tiene nada que ver).
¿Cómo así? Pues derogó el numeral 3 de un artículo que ya había sido
modificado y que ahora era el numeral 4 (hurto mediante transferencia
electrónica). El actual numeral 3 del artículo 186 del Código Penal se
refiere a patrimonio cultural. A eso, la Ley Frankenstein le ha reducido
las penas. ¿Lo sabrá el Ministerio de Cultura?
Pero es eso sólo una muestra de lo mal hecha que está la ley. Lo más
peligroso, en realidad, es lo mal redactada que está. Por ejemplo,
según el artículo 3 cualquier persona que cambie cualquier archivo en
cualquier computadora puede ir presa. En serio.
Y hay más. Cualquier persona que tenga una hoja de Excel con datos
de una o más personas, también va presa, según el artículo 6 (que
incluso insiste: “creando o no perjuicio”). Delirante.
Por supuesto, no se trata de que los congresistas sospechen que van a
necesitar compañía en las prisiones cuando se les acabe su inmunidad
parlamentaria y por eso quieren mandarnos a todos con ellos. No,
simplemente se trata de la ignorancia más elemental.
Y si en cosas tan básicas, meten la pata, imagínense en aspectos más
delicados. Por ejemplo, modifica el artículo 323 del Código Penal y
crea la “discriminación a través de las tecnologías de la información”.
Quizás un propósito loable de aquel que termina escandalizado ante las
frecuentes y desembozadas muestras, en redes sociales, de racismo,
sexismo y demás cavernicoladas.
El problema está en que, a estas alturas, cualquier persona que use
su cuenta de Facebook para oponerse al matrimonio gay, por ejemplo,
podría terminar sancionada. Una cosa es vivir equivocado y con ideas
antediluvianas y otra cosa, muy distinta, es ser un delincuente. Pero
esa es una distinción muy sutil para nuestros congresistas, al parecer.
Lo más interesante es que, además, se aumentan las penas para la
interceptación de información pública de carácter reservado. La pena
será no mayor de ocho ni menor de diez si el delito compromete, entre
otras cosas, la defensa nacional. Esta parece ser una reacción desmedida
ante los “Pedroaudios” de Cateriano y los “Chavinaudios” de San Martín y
sus amigos. Espectacular. Leyes hechas por pataleta.
Pataleta, ignorancia, prejuicio y miedo. Todo junto en la última
iniciativa antiInternet del régimen. Después no digan que no avisamos.
Tomado de:
La República (Perú)
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