Como lo revela un informe publicado hace poco en The Economist (27/7/13), ocupa en eso un poco honroso primer lugar. México no se queda atrás: el país con el mayor porcentaje de niños obesos en el continente.
La pobreza latinoamericana de hoy no se destaca tanto por no comer, sino por comer mal. Es donde hay más gente con sobrepeso según un reciente informe de la FAO. Y con ello, una población más vulnerable a la hipertensión, la diabetes y el cáncer, enfermedades que hoy matan más que el hambre. Diversas investigaciones son concluyentes en que la velocidad con la que la comida chatarra ha penetrado en la población latinoamericana tiene en la publicidad un factor crucial. Especialmente la que se dirige a la infancia, en la que tiene un directo y enorme impacto en patrones de consumo y en la subsecuente obesidad.
En una reciente investigación en la Universidad Javeriana de Bogotá —sobre una realidad muy parecida a la del Perú— se identificó que, en el horario infantil, el 96,43% de los mensajes publicitarios eran sobre alimentos procesados. Semejante proporción se verificó en México. Resultado: En los últimos cinco años en Colombia aumentó en 25,9% el sobrepeso y la obesidad infantil. Palabras más, palabras menos, la situación se repite en los demás países.
Frente a este ataque a la salud pública, felizmente algo se viene haciendo. En los países nórdicos desde la década del noventa esta materia se empezó a regular. Los pasos dados en América Latina son más recientes pero, por cierto, relevantes. Incluido el Perú, siete países cuentan ya con importantes regulaciones. En ese contexto, es importante el paso dado por el Perú, el pasado mayo con la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como la “ley de la comida chatarra”. Ciertamente perfectible pero apunta a lo esencial.
Muertes prematuras y discapacidades pueden ser enfrentadas ahora con esta herramienta importante. Que no supone “prohibiciones” a la venta o a la publicidad sino regulaciones orientadas a proteger, esencialmente, a la infancia. Evitando la venta de comida chatarra en los colegios o prohibiendo, eso sí, anuncios “que incentiven el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas”. La ley también fomenta la actividad física y la implementación en los colegios de comedores o quioscos con alimentos naturales.
Pero junto con algo tan noble siempre hay y habrá quienes por sus propios intereses se oponen a estas regulaciones. En dos países han logrado ciertos “bloqueos” constitucionales y en otro relajar los límites de azúcar y grasas en la reglamentación. En nuestro medio algo así podría intentarse y eso no debería sorprender.
Lo alucinante es que, siempre listo para intervenir en asuntos políticos y adoptar las posturas más atrabiliarias, hasta el cardenal metió su cuchara. Quejándose de que “a las personas se les imponga que pueden o no consumir” y que eso debería corresponder solo a “los padres de familia”. Curiosa lógica (porque la ley, además, no “impone” qué comer). El Estado sí debe actuar cuando está de por medio un interés público. Lo hace, por ejemplo, para proteger a la infancia de la pornografía, de accidentes de tránsito o de la contaminación ambiental. ¿O le dejamos eso solo a los padres de familia mejor?
El paso dado en el Perú, por eso, es muy importante. Pero, “el diablo está en los detalles”. La clave está ahora en el reglamento a dictarse próximamente. Que, entre otras cosas, debe especificar los parámetros técnicos sobre contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas. No debería quedar otra ruta que ceñirse a los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. A los que manufacturan y venden estos productos les toca adaptarse a las nuevas circunstancias, como ya lo han hecho con buenos resultados en la mayoría de los países europeos en los últimos 20 años.
Fuente:
La Mula (Perú)
Gestión (Perú)