22/11/11 – Merecido. La comunidad de Cruz de Mayo (Áncash) será premiada este año con el premio nacional de derechos humanos por su defensa de la laguna de Parón ante la sobreexplotación hidroenergética. Así lo anunció Rocío Silva, secretaria técnica de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante la emisión del programa Lo Justo.
“La laguna es símbolo de vida e identidad para la comunidad de Cruz de Mayo y toda la comunidad de Caraz”, destacó la antropóloga Jessi Romero, que acompaña a los campesinos en esta lucha. Romero y Humberto Ortiz, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), se hicieron presentes en Lo Justo para comentar la valiente lucha del pueblo caracino.
“Tenemos el problema del agua con Duke Energy y también tenemos un problema con el tema minero, pues la empresa Coronel Metals está asentada en territorio comunal desde el 2006”, explicó Romero.
Duke Energy
“Estamos resaltando el tema porque han pasado tres años desde que la comunidad campesina junto a la comisión de usuarios de la subcuenca Parón-Lullán han recuperado Parón”, destacó Romero. “Tres años atrás la comunidad tomó la laguna, pacíficamente. Es un ejemplo de lucha pacífica”, agregó Ortiz. Ambos entrevistados relataron la lucha de los campesinos ante la sobreexplotación realizada por varios años por la empresa Duke Energy, concesionaria de la hidroeléctrica del Cañón del Pato.
“Duke es dueña de la central, y para abastecer de agua en época de estiaje usan agua de varias lagunas, y una de ellas era Parón, que es la laguna más grande del parque nacional Huacarán”, señaló Romero.
Durante muchos años, Duke Energy utilizó en exceso el flujo de agua de la laguna, incluso duplicando por momentos su capacidad autorizada. “Ello implicó que el espejo de agua había descendido tremendamente, se encontraba como un charco de agua”, explicó Romero, lo que motivó la preocupación y protesta de los comuneros.
Miles de comuneros se movilizaron contra explotación irracional de laguna de Parón (Lo Justo)
Tras la protesta y al comprobarse las denuncias, el Estado retiró la autorización a la empresa para utilizar el agua de la laguna. “Ahora el nivel de agua se ha recuperado por la acción organizada de la población”, señaló Romero, detallando que actualmente la comisión de usuarios de la subcuenca y la Autoridad Local del Agua administran la emblemática laguna.
Humberto Ortiz, quien se hizo conocido en los medios de comunicación por la carta que enviara a la Primera Dama, Nadine Heredia, para que le preste atención al caso, explicó que CEAS “ha enviado muchas comunicaciones a diversas autoridades, porque además de los problemas mencionados, llegó un momento muy álgido en octubre de este año, porque ocho dirigentes habían sido enjuiciados por Duke Energy” y corrían el riesgo de ser encarcelados, señaló.
Ortiz estimó que el conflicto aún no ha sido superado, pues hace poco el Tribunal Constitucional admitió una acción de amparo presentada por la empresa, recurso legal que le permitiría retomar el control de la laguna pese a los negativos antecedentes ambientales. “Los comuneros levantan el pedido de un estudio solvente sobre el balance hídrico de la laguna, y un estudio de la disponibilidad hídrica de la subcuenca Parón- Lullán”, indicó.
“Nosotros esperamos una resolución justa, lo que pasa por generar una instancia de diálogo y una salida sostenible a largo plazo”, señaló Ortiz. Ambos anunciaron que este fin de semana se realizará un primer diálogo con la presencia de autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas, así como el presidente de la comunidad de Cruz de Mayo y la comisión de usuarios de la subcuenca. También participarán el presidente regional de Áncash y el alcalde provincial de Huaylas.
Minería sin consulta
Además de este problema, Romero destacó los temores de la población con respecto a la presencia de Coronel Metals, empresa minera ubicada en la cabecera de la cuenca. “El 2008 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha aprobado su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado y tienen el permiso para iniciar sus etapas de exploración”, explicó Romero, “pero han ingresado a la comunidad sin autorización”. “En ese momento no había ley de consulta, pero sí el Convenio 169 de la OIT”, precisó. La empresa “no ha coordinado debidamente con la población, no ha habido talleres adecuados para recoger los datos de la comunidad”, explicó Romero. “Ellos no han puesto de conocimiento a la asamblea general, que es el procedimiento correcto, sino que elevaron al MEM el reconocimiento realizado por un sector de los 21 que tiene la comunidad”, señaló.
Las declaraciones tuvieron lugar en la emisión de esta noche del programa Lo Justo, producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y transmitido en vivo vía La Mula TV. (PM)
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