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15 de septiembre de 2013

Pueblos indígenas de la selva en riesgo por contaminación en el río Pastaza

Impacto. Pese a que en marzo de este año la cuenca del río Pastaza fue declarada en emergencia ambiental por el Gobierno, aún los niveles de contaminación son alarmantes. 
 
La compañía responsable, Pluspetrol, ha iniciado un proceso de diálogo con las 27 comunidades indígenas afectadas para compensar el uso de las tierras. El Instituto Nacional de Salud realizará exámenes toxicológicos a más de 10 mil pobladores. ¿Será posible revertir 40 años de contaminación en la selva?

José Carlos Díaz Zanelli
El Arenal era hace cuatro décadas una laguna en torno de la cual las comunidades indígenas quechuahablantes de la selva norte de Loreto solían pescar su alimentación diaria. Hoy es solo una especie de cama elástica de 1.600 m2 de petróleo mezclado con barro y animales muertos, pudriéndose a cerca de 40 grados de temperatura. Y lo peor: los nativos siguen pescando en el lugar.
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Esta laguna contaminada es una de las tantas que están anexadas a la cuenca del río Pastaza, donde habitan más de diez mil personas pertenecientes a comunidades de pueblos Quechua, Kandoshi y Achuar, las tres etnias imperantes en las riberas de este afluente.

Pese a que en marzo el Gobierno declarara la zona en emergencia ambiental, el panorama no ha cambiado. Y es que 40 años de contaminación, cuya responsabilidad es compartida por Occidental Petroleum (Oxy) y Pluspetrol, no son algo que se pueda arreglar en seis meses. Incluso entre las comunidades muchos temen que no tenga solución.



Para llegar hasta aquí desde la capital se debe tomar un vuelo hasta Tarapoto, trasladarse hacia Yurimaguas e iniciar una travesía que implicará cruzar a contracorriente los ríos Huallaga, Marañón y Pastaza. Con suerte todo se hace en tres días. La otra opción es que Pluspetrol permita arribar al aeropuerto privado que tiene en Andoas, pero eso solo está reservado a los representantes del Gobierno o a los trabajadores de la compañía que tiene en sus manos el monopolio del tráfico aéreo en la zona.

Desde que el Estado peruano reconociera el impacto negativo de los 40 años de actividad petrolera en el Lote 1AB, declarando a la zona en emergencia ambiental, las comunidades nativas se agruparon en la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (Fediquep) presidida por Aurelio Chino Dahua, y con cuya dirigencia el Gabinete tiene el compromiso de reunirse, lo que fue ratificado por el representante de la PCM Javier Macera en una asamblea en la zona.  

Sin embargo, la presencia de un "enviado especial de la PCM" no ha dejado satisfecha a Fediquep.

"Es como si nosotros le enviáramos a nuestro vicepresidente que no tiene capacidad de decisión. Queremos hablar con el jefe del Gabinete Juan Jiménez, con el ministro de Vivienda, la de Salud. Lo único que han hecho ha sido recoger nuestras agendas, pero también queremos que tomen decisiones, que se hagan responsables", expresó Chino Dahua al final de la asamblea realizada en la comunidad quechua Los Jardines, al lado de la planta de extracción petrolera.

Lea el artículo completo en:

La República (Perú) 

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