Todo empezó como una propuesta ecológica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: en noviembre de 2008 la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público lanzó la primera campaña de recolección de pilas y baterías agotadas de la capital argentina.
Los fabricantes ser harán cargo del reciclaje de diez toneladas de pilas.
La iniciativa tuvo un enorme éxito y en el lapso de nueves meses se logró recolectar 700.000 unidades de tamaño AA y AAA, equivalentes a diez toneladas.
El problema surgió a la hora de buscar deshacerse de los residuos tóxicos.
El plan del gobierno porteño era llevar las pilas a un relleno de seguridad en la provincia central de Córdoba, pero las autoridades cordobesas se negaron. Lo mismo ocurrió cuando se intentó llevarlas a la provincia de Buenos Aires.
El llamado a que las empresas productoras e importadoras de pilas se ocuparan del problema no tuvo acogida.
Fue así que las pilas de la discordia quedaron almacenadas en un depósito, a la espera de un destino final.
Las cosas cambiaron cuando la organización medioambiental Greenpeace tomó cartas en el asunto y lanzó una campaña para obligar a los fabricantes de baterías a hacerse cargo del problema.
Ahora las empresas Duracell y Energizer, que representan el 90% del mercado de pilas en Argentina, anunciaron que se ocuparán del tratamiento de las diez toneladas de residuos.
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