El 43,7% de loretanos no tiene acceso al servicio de agua potable o tratada. Es el mayor déficit en todo el país, según el INEI, y afecta principalmente a la niñez de las zonas rurales de la región, quienes enfrentan cuadros graves de parasitosis y anemia ante la carencia de este recurso. Si bien existen soluciones, urge una decisión política.
Para el 43,7% de la población en esta región del país (386.094 personas), tareas tan cotidianas como asearse o cocinar son un privilegio. Según el informe técnico “Perú: formas de acceso al agua potable y saneamiento básico, 2019” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), no tienen acceso a este recurso hídrico ni a través de una red pública ni mediante un pilón, lo que representa el mayor déficit del servicio a nivel nacional.
La señora Aguirre, quien madruga junto a su hijo para hacer una larga cola flotante y comprar agua, siente su realidad como una condena perpetua. “Mire cómo los niños se van a bañar al río, tienen que irse lejos porque acá está oliendo feo el agua”, afirma, mientras contempla a los pequeños de su barrio alejándose de las orillas contaminadas del río Itaya.
Un problema de planificación urbana
Pero el acceso al agua potable o tratada no es un problema aislado. Pasa por temas de infraestructura, planificación urbana, fuentes de energía y, sobre todo, voluntad política. Este último factor, de acuerdo al ingeniero Marcos Vargas Schrader, exgerente de Sedaloreto, es clave para revertir las alarmantes cifras en la región. “Es un tema de decisión política y, obviamente, viene acompañado de un aporte financiero”, manifiesta.
Explica que en el caso de la provincia de Maynas se contempló que el crecimiento demográfico se daría hacia la zona sur de Iquitos, capital de Loreto, lo que sucedió hasta que el territorio ya no se dio abasto y empezaron a incrementarse los asentamientos en las riberas del Itaya. “No hay una planificación urbana, la gente se va a vivir en las zonas inundables y los políticos en campaña les ofrecen agua, luz y luego se olvidan”, agrega.
A esto se le suma la falta de un catastro técnico georreferenciado que determine por dónde pasan las conexiones de agua y cuál es su estado actual. Esta herramienta permite recoger información de la infraestructura sanitaria de agua para consumo humano y aguas residuales.
Un reporte de monitoreo a la estrategia de actualización catastral elaborado por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) en el 2020, indica que la empresa prestadora de servicios (EPS) Sedaloreto tiene apenas un “avance intermedio” en esta tarea.
Si hablamos de distribución, como en el caso de Belén, donde la mayor parte de viviendas conectadas a una red de agua potable o tratada se concentran en el área urbana, nos queda un panorama aún más crítico. De 58 centros poblados rurales que conforman el distrito solo nueve cuentan con agua vía red pública o pilón, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Esto se replica en toda la región, ya que de 2.552 centros poblados rurales, solo 280 cuentan con algún tipo de sistema para acceder a agua potable o tratada.
Lea el informe completo en: La República