Entrevista al abogado español Agustín Bocos, especialista en temas de contaminación electromagnética.
Bocos, un pionero
Una exposición prolongada y continuada en el tiempo a las radiaciones que emite el wi-fi tiene efectos nocivos en la salud. En casi todos los colegios el acceso a internet se hace a través de wi-fi. Se estima que los niños están un mínimo de 6 horas al día expuestos a estas radiaciones, 132 horas al mes, 1.188 horas al año. La Organización para la Defensa de la Salud, la Fundación Vivo Sano y la Fundación para la Salud Geoambiental han lanzado una campaña nacional para retirar el wi-fi de los colegios. Bocos es uno de los pocos abogados especializados en contaminación electromagnética en España, fundador de Juristas Contra el Ruido y profesor de máster en Derecho Ambiental.
¿Por qué hay que retirar el wi-fi de los colegios?
Emiten radiaciones electromagnéticas a una potencia muy elevada; las consecuencias son nocivas para todos, pero en especial para los niños, más vulnerables porque están en pleno desarrollo.
Inglaterra, Francia y Suecia los están retirando.
Sí, de escuelas, museos, bibliotecas y lugares públicos. La tecnología inalámbrica no está revisada por sanidad ni por ningún organismo que nos pueda decir qué potencia emite y cómo se controla esa emisión.
¿Hay estudios?
Existe un informe de acceso público, Bioiniciative, que resume más de 2.000 estudios internacionales. En la resolución del Consejo de Europa de mayo se recogen las conclusiones de este informe: los estudios vinculan la exposición prolongada a radiaciones electromagnéticas con ciertos tumores.
Radiaciones malignas, pero necesarias.
Para conectarse existen otros sistemas que permiten disfrutar de internet a través de la red eléctrica.
¿Qué dice la OMS?
Ha clasificado oficialmente este tipo de radiaciones como posible cancerígeno.
Si sumamos las radiaciones de los wi-fi de un edificio, debemos estar todos fritos.
Mi consejo es utilizar cable. Ya hay estudios que relacionan la hiperactividad, las cefaleas y el mal dormir infantil con estas ondas. ¿Para qué correr riesgos, si existen tecnologías alternativas sin riesgo?
Es el progreso.
En todo caso, hay que apagarlo por la noche, es lo mínimo.
¿Qué le llevó a dedicarse a estos temas?
Hace doce años, junto a un refugio de perros y gatos, en medio del campo, instalaron una antena de telefonía móvil. Me llamaron porque los animales estaban muy nerviosos, se autolesionaban y querían escapar.
¿Ganó el caso?
Sí, no tenían ni permiso. El siguiente caso, hace diez años, fue el del colegio García Quintana de Valladolid, en el que estaba personalmente implicado.
¿Sus hijos?
Sí. Hubo cinco casos de leucemia. Cerca del colegio había un edificio plagado de antenas de telefonía en la azotea. Presentamos un escrito al Ayuntamiento explicando que había estudios que vinculaban la leucemia infantil con la radiación electromagnética. Queríamos saber la potencia de esas antenas.
El alcalde debió de preocuparse.
Se negó a recibirnos, dijo que éramos "unos padres histéricos". Pusimos una querella criminal por una supuesta prevaricación y contra las operadoras por contaminación ambiental. Ganamos, pero una niña murió.
¿Ha ocurrido en otros colegios?
Ahora mismo en un colegio de Pinto, en Madrid, hay varios casos, y en el Dos Hermanas, en Sevilla, hay cuatro casos.
Mala solución tienen, si queremos hablar por teléfono.
Se están investigando tecnologías alternativas de telefonía móvil sin microondas en Japón y EE.UU. Mientras, hay que utilizar el móvil con cautela, con el altavoz o con aparatitos que evitan las radiaciones, porque si te lo pones en el cerebro eres tú la antena.
Empiezan a aparecer casos de hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas.
Y ya hay una sentencia que concede una incapacidad por ello, la Seguridad Social va a pagar a esa persona una pensión de por vida. Es el primer caso, pero me temo que va a haber muchos más.
La potencia que emiten estos aparatos ¿está controlada?
España permite 400 microvatios por centímetro cuadrado. Castilla-La Mancha, 0,1 microvatios; Catalunya, 200. En Nueva Zelanda, el nivel permitido es de 0,01, y en Nueva Gales del Sur, Australia, 0,001. Es como decir que en un lugar se puede ir a 200 kilómetros por hora y en otro a 100.000.
¿Y no tienen problemas de cobertura?
No. Entonces, ¿por qué someter a la población a tanta potencia si no se necesita? La normativa española no protege en absoluto a los ciudadanos, los niveles son muy altos, y si quisiéramos saber qué cantidad de radiación estamos recibiendo, sólo lo conseguiríamos poniendo una denuncia.
Uf.
No existe un sistema de control permanente y fiable que permita a los ciudadanos saber en todo momento las radiaciones a las que están expuestos.
Sería necesario.
La contaminación electromagnética se está incrementando a pasos de gigante en muy poco tiempo y no sabemos qué va a pasar, probablemente lo sepamos cuando las consecuencias sean irreversibles. La propia UE está instando a los estados a que reduzcan los niveles. Hoy se estipula que por encima de 0,1 hay peligro de daño sobre la salud.
¿Alguna iniciativa ciudadana?
La Universidad Politécnica de Madrid ha ideado un sistema de control permanente y de acceso libre para todos los ciudadanos de Leganés a través de internet y de una pantalla gigante en el Ayuntamiento.
¿En qué punto está?
Las operadoras pusieron un recurso, y se dictaminó la suspensión cautelar. Yo defiendo a la federación de vecinos, y hemos recurrido. Esperemos que estos sistemas se generalicen, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber.
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