Junto con 11 países suscribió el Acuerdo de Escazú, que dicta disposiciones para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se lleva a
cabo en Nueva York, doce países firmaron este jueves 27 de setiembre el
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú),
un instrumento que tiene por objetivo garantizar los derechos de todas
las personas a un ambiente sano y a su participación en las decisiones
que afectan sus vidas y entornos. Cada país deberá ratificar el acuerdo
para que entre en vigencia.
Se esperaba que firmaran 33 países pero solo lo hicieron 14: Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía, Uruguay, República Dominicana y Haití.
El acuerdo marca un hito en la historia ambiental de la región porque
es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y primero
en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los
derechos humanos en asuntos ambientales. Protege los derechos de acceso a
la información, la participación pública y la justicia en ámbitos como
el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la
biodiversidad, la lucha contra la deforestación y el cambio climático,
así como la calidad del agua y del aire.
Es un tratado clave para
proteger a los defensores ambientales, aquellos quienes han estado
dispuestos a dar su vida por un planeta más sano y sostenible. Esto es
especialmente relevante, en momentos en los que la región es escenario
de múltiples crímenes y enfrentamientos a causa de la posesión de la
tierra y los recursos del subsuelo.
Este consenso regional, firmado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, es producto de cuatro años de negociación y se deriva del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptado durante la conferencia Rio + 20 en 2012.
El acuerdo es el único de su tipo en contener disposiciones específicas
para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en
asuntos ambientales. Esto es de especial relevancia en una de las
regiones más críticas para quienes defienden el ambiente y la tierra.
El artículo completo en: La Mula