Las Jornadas de Derechos de Aguas son un
evento que se realiza año tras año desde el 2013. Tiempo atrás, los
abogados Armando Guevara y Patricia Urteaga, director anterior y
directora actual del CICAJ, respectivamente, junto a una red de
investigadores latinoamericanos, ya venían haciendo investigaciones
sobre el derecho al agua en el Perú. Es así que, viendo además que
varias universidades de Argentina, Chile, México realizaban jornadas de
derechos de aguas, se dieron cuenta de que en el país no había eventos
académicos que trataran el tema, cuando este se volvía cada vez más
trascendente, en el sentido de que casi todos los conflictos
socioambientales tenían -y tienen- que ver con el agua.
Este año, las IV Jornadas de Derecho de
Aguas, que se celebrarán en Lima el 15 y 16 de septiembre, tienen como
objetivo promover un debate académico sobre la relación entre el
derecho internacional de las inversiones, el derecho administrativo y
la vigencia del derecho humano al agua. Por ello, participarán
expertos nacionales e internacionales, cuya visión permitirá comprender,
desde perspectivas comparativas e interdisciplinarias, los temas
críticos que surgen a partir de la interacción entre estas áreas del
Derecho.
Este evento es organizado anualmente por
el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ)
del Departamento Académico de Derecho. En esta edición, cuenta con el
apoyo del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías
Renovables de la PUCP (INTE-PUCP), la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, Argentina), y las Maestrías en Gestión de los Recursos
Hídricos y Derecho Internacional Económico de la PUCP.
Es en el medio de este contexto que Patricia Urteaga, directora del CICAJ, concedió una entrevista a Clima de Cambios.
¿Qué tan importante es que se debatan estos temas desde la Academia?
Hemos tenido, y tenemos, dentro de las
jornadas excelentes profesores con vasta experiencia, que vienen de
Estados Unidos, Argentina, Colombia, Canadá, España, Brasil, Costa Rica,
en fin. Todos compartimos esta preocupación por la sostenibilidad, y
por el rol que juega el Derecho en este contexto de crisis hídrica.
Esta cuarta edición de las Jornadas de
Derechos de Aguas va a tratar sobre la relación que existe entre el
derecho humano al agua y el derecho a las inversiones. El
objetivo es discutir y debatir cómo se ha venido dando y planteando esta
relación en diferentes contextos, no solamente en el Perú, y qué
lecciones se han sacado de esta dinámica. Queremos enfocar el tema desde la visión de Amartya Sen, pensando el desarrollo como un desarrollo
humano que debe tener como fin los derechos humanos, y que en todo caso
las inversiones son un medio para lograr el fin. Nos interesa
ver en estas jornadas cómo se ha desarrollado esta relación y si
realmente se priorizan los derechos humanos, en este caso, el derecho
humano al agua frente a consideraciones más economicistas.
Y luego de las jornadas, ¿se busca que el debate pase a la práctica o incidir de alguna manera?
Nosotros, como institución académica,
compilamos todas las ponencias en un libro y las ofrecemos al público.
En las jornadas anteriores, el público ha participado muy activamente.
Algunos participantes han visto las jornadas como un espacio donde
pueden comentar y compartir sus experiencias en relación a conflictos
por el agua, así como recibir los aportes de académicos de varias partes
del mundo. Como el agua es un tema multidisciplinario, las jornadas
también incluyen análisis desde la economía, la sociología, etc. No es
solamente un análisis jurídico, sino que va más allá.
Además, siempre hemos cuidado que el
sector público participe con la idea de que, no solo compartan lo que
hacen, sino también que lleven lecciones y puedan abrir perspectivas
para mejorar la gestión del agua. En esta oportunidad hemos buscado el
auspicio del Ministerio de Vivienda, porque el tema tiene que ver con el
derecho humano al agua que es uno de sus pilares. Las jornadas tienen
impacto social en la medida que ellos participan también. Eso es lo que
justamente quiere el Departamento Académico de Derecho: contribuir a
mejorar y fortalecer las políticas públicas que tienen como base un
enfoque de derechos humanos.
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