Más que un referéndum, la votación del domingo casi se convirtió en un plebiscito del presidente Vizcarra ante
un supuesto pueblo que no lo eligió, pero que lo respalda con el 85% de
promedio. Ese respaldo debe ser honrado por el presidente proponiendo
los cambios constitucionales requeridos, exceptuando la bicameralidad
que recibió un rotundo 90% en contra. El Perú ha votado abrumadoramente
en contra del fujimorismo y de sus aliados.Pero la situación política que ha estado en stand by hoy continúa su marcha y lo que se vienen son conflictos. La semana pasada en una reunión entre el premier Villanueva y los afectados por intoxicación de metales pesados de Cerro de Pasco, una madre desesperada le retiró un ojo artificial a su niño de unos 8 años, enseñándoselo al premier y a las cámaras de TV, mientras decía llorando: “Nuestros hijos no pueden esperar más”. ¡Esa es la población “sacrificada” por el modelo económico extractivista!
En el centro poblado de Huaccho (Quillo, Áncash), los comuneros han denunciado la intoxicación de 46 personas por plomo, 27 son niños y tres de ellos se encuentran sumamente graves, debido a la ingesta de agua contaminada por la empresa minera Coemina SAC y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín. En la Amazonía, los pueblos kichwa, quechua, achuar y kukama de Loreto, llevan casi 50 años afectados por la actividad de los lotes petroleros. En 2014 se declararon en emergencia las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, y este 2018 los resultados de un Estudio Toxicológico (Minsa) arrojaron que la población tiene niveles de metales pesados como plomo, cadmio, arsénico y otros, por encima de los valores estándar. ¿A quién le importan los cuerpos sacrificados por este modelo?, ¿a nosotros?, ¿al presidente del Perú?
En el corredor minero de Chumbivilcas se ha extendido una vez más el estado de emergencia que viene prolongándose desde hace un año de forma anti-constitucional; además los pobladores han denunciado intoxicación por el polvo que los 500 camiones que circulan a diario dejan en el ambiente. En la zona de Chiriaco, Amazonas, una resolución del Poder Judicial ha ordenado que el Minsa y el GoRe Amazonas implementen y ejecuten una estrategia de salud de emergencia que permita atender de manera integral la salud de las comunidades indígenas awajún del distrito de Imaza (Bagua), afectadas por el derrame de petróleo. En la cuenca del Morona un grupo de indígenas ha tomado medidas en contra del oleoducto y se requiere ahí presencia del Estado con urgencia para evitar enfrentamientos.
Es de esperar que esta aprobación al presidente Vizcarra sea aprovechada para los cambios que un gran sector del empresariado grita desde El Comercio y otros diarios —no en vano ha renunciado el ex ministro de trabajo— en su búsqueda de la “flexibilidad” laboral ansiada. Cuidado: más cambios en una normativa laboral llena de excepciones que funcionan hace treinta años y que recortan derechos, como en la agroindustria, será un hervidero que puede producir más conflictos sociales.
Por eso me pregunto, ¿para quién gobernará el presidente del Perú?, ¿para las grandes empresas que se benefician de exoneraciones y no cumplen con estándares mínimos?, ¿o para los indígenas cuyos cuerpos intoxicados por petróleo, plomo, arsénico y otros metales pesados son el producto negativo de este modelo de desarrollo?, ¿es posible gobernar para ambos?