La Red Muqui hizo un urgente llamado a profundizar las prácticas democráticas, respetar los derechos de todos los peruanos, garantizar el uso sostenible de nuestros recursos y fortalecer la institucionalidad pública.
Mediante un pronunciamiento difundido el domingo la red pidió “atender las demandas y reclamos de las poblaciones afectadas por la expansión de las industrias extractivas”.
En referencia al cruel maltrato sufrido por comuneros que se oponen al proyecto Río Blanco la red afirmó que el fortalecimiento del principio de autoridad “pasa por hacer que el Estado de respuesta oportuna a los reclamos de sus ciudadanos y proteja los derechos de quienes se sienten amenazados”.
Ante los conflictos es necesariose restablecer el derecho violado y el principio de autoridad “garantizando siempre que cualquier intervención se dé respetando los derechos humanos” expresó la red.
“Solo así, las autoridades podrán afirmar su legitimidad y contribuir a la construcción de una convivencia pacífica y duradera, indispensable para el desarrollo al que aspiramos” afirmó.
La Red Muqui es una red de instituciones nacionales y locales que buscan promover el desarrollo sostenible, así como ampliar y defender los derechos de las comunidades y poblaciones en áreas de influencia minero - metalúrgico.
Está conformada por la Asociación Civil Labor, la Asociación Marianista de Acción Social - Trujillo, el Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas, la Asociación Proyecto Amigo de Huamachuco, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Labor Pasco, Centro de Cultura Popular.
También por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), el Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier - Jaén, el Arzobispado de Huancayo, la Red Uniendo Manos contra la Pobreza, la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, el Grupo Propuesta Ciudadana, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y la Vicaría de la Pastoral Minera de Pasco.
Pronunciamiento: “Para Poder Vivir en Paz”
Ante los últimos acontecimientos relacionados con conflictos sociales y ambientales, la Red Muqui se dirige a la opinión pública nacional para expresar lo siguiente:
1. Manifestamos nuestra preocupación por la autorización de 35 concesiones mineras, en la frontera con el Ecuador, al consorcio minero estatal chino Zijin, para proyectos que serian transfronterizos y que podrían constituir un distrito minero.
2. Es necesario que las autoridades informen cuáles fueron las razones que los llevó a declarar de necesidad pública la inversión privada en minería en dicha zona y si en su evaluación se consideró la posibilidad de desarrollo de un proyecto transfronterizo, de gran magnitud que podría tener impactos ambientales y sociales significativos y vulnerar la seguridad nacional.
3. Consideramos que el otorgamiento de concesiones no puede darse al margen de la consulta de las comunidades o poblaciones que habitan los territorios donde éstas se ubican. Los territorios fronterizos no están deshabitados. El considerarlo asi, lleva a que comunidades como la comunidad Awajun de Huampami, que habita en el distrito del Cenepa, se vena obligadas a adoptar medidas desesperadas para hacerse escuchar y no ser ignoradas por el Estado.
4. Fortalecer el principio de autoridad pasa por hacer que el Estado de respuesta oportuna a los reclamos de sus ciudadanos y proteja los derechos de quienes se sienten amenazados. Situaciones como la de los pobladores de Yanta y Segunda y Cajas, no deberían seguir reproduciéndose.
Es paradójico que el Estado proteja a la empresa Rio Blanco Copper S.A. que no cuenta con el permiso de los propietarios de las tierras en donde opera, pero que además, ni siquiera tiene regularizados de los derechos mineros necesarios para explorar y explotar.
5. Es sobrecogedor, que estas poblaciones el año 2005, en un intento de hacerse escuchar, hayan sido duramente reprimidas. Pero más conmovedor e indignante aún es el que un grupo de estos pobladores hayan sido secuestrados y torturados por miembros de la policía y agentes de seguridad privada de la empresa minera Majaz, hoy Río Blanco, en las instalaciones de su campamento minero, con la anuencia del Ministerio Público. Exigimos la investigación de estas violaciones a los derechos y la identificación y sanción de sus responsabilidades.
6. Es urgente que en el país se profundicen las prácticas democráticas y el respeto de los derechos de todos los peruanos. Además, se debe garantizar el uso sostenible de nuestros recursos y se debe fortalecer la institucionalidad pública para atender las demandas y reclamos de las poblaciones afectadas por la expansión de las industrias extractivas.
7. Finalmente, consideramos que tanto en el caso de Majaz como en el Santuario Ecológico de Pómac, se usurpan tierras. De un lado agresor es una empresa minera y del otro un grupo de traficantes de tierras que busca sorprender y lucrar con la necesidad de pobladores pobres.
En ambos casos, se debe restablecer el derecho violado y el principio de autoridad, garantizando siempre que cualquier intervención se dé respetando los derechos humanos de todos. Solo así, las autoridades podrán afirmar su legitimidad y contribuir a la construcción de una convivencia pacífica y duradera, indispensable para el desarrollo al que aspiramos. www.ecoportal.net
Perú, 24 de enero de 2009 - Red Muqui
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