Se informó que organizaciones de agricultores orgánicos y empresas comercializadoras de semillas en Estados Unidos, presentaron una demanda en contra de Monsanto, compañía biotecnológica que durante el último tiempo ha hecho noticia por la comercialización de semillas genéticamente modificadas.
La acción legal fue presentada por la Fundación Pública de Patentes (PUBPAT, por sus siglas en inglés) ante un tribunal de justicia en Nueva York y representa alrededor de 270 mil personas.
La demanda responde a una medida de protección para defender a los agricultores orgánicos, que puedan ser acusados por Monsanto de infringir sus derechos de patente.
De acuerdo a lo explicado en su sitio web, algunos cultivos han resultado contaminados con semillas transgénicas de manera accidental, por polinización cruzada por ejemplo, y por ello, aseguran que “parece perverso que un agricultor orgánico pueda ser acusado de infringir los derechos de patentes, pero Monsanto ha hecho previas acusaciones”.
Según Monsanto, la demanda es un “truco publicitario”, calificando las acusaciones de “falsas, fraudulentas y engañosas”. La empresa especificó en su blog que “nunca ha sido ni será la política de Monsanto de ejercer sus derechos de patente en aquellos campos donde sean halladas cantidades o rasgos de nuestras semillas como resultado de medios involuntarios”.
Comentó que “algunos piensa que las semillas transgénicas pueden coexistir con las orgánicas, pero la historia nos dice que esto no es posible y actualmente el interés financiero de Monsanto es eliminar las semillas orgánicas para que puedan tener el monopolio total sobre nuestra cadena de alimentos”.
Dos activistas japoneses de la asociación ecologista Greenpeace fueron hoy hallados culpables de robar carne de ballena y fueron condenados a un año de prisión, aunque no tendrán que cumplir la sentencia, informó la agencia local Kyodo.
Un tribunal de Aomori (norte de Japón) condenó hoy a los dos ecologistas, Junichi Sato, de 33 años, y Toru Suzuki, de 43, a un año de cárcel, pero conmutó esa pena por la de tres años en libertad condicional.
Los hechos se remontan a abril de 2008, cuando los miembros de Greenpeace robaron una caja con 23 kilos de carne de ballena capturada por un ballenero, traspasando los límites de una propiedad privada, para demostrar que esos cetáceos eran cazados con fines comerciales y no científicos.
La fiscalía pedía un año y medio de cárcel para cada uno de los activistas, mientras su defensa reclamaba la absolución.
Greenpeace pretendía demostrar que esa carne de ballena, que teóricamente es cazada por los barcos japoneses con objetivos científicos, es en realidad utilizada para el consumo y no con una finalidad de investigación.
En abril de 2008, Sato, coordinador de Greenpeace Japón, y Suzuki se apoderaron de una caja de carne de ese cetáceo cazado por el ballenero Nissin Maru, valorada en 59.000 yenes (550 euros).
La caja estaba en un almacén de la compañía transportista Seino Transportation en Aomori y, según los fiscales, iba a ser enviada a la tripulación del Nissin Maru como regalo.
Sato y Suzuki mantienen que actuaron de esa forma con el objetivo de acusar a doce tripulantes del ballenero Nisshin Maru de contrabando de carne de ballena, lo que ha sido desestimado por los fiscales.
Greenpeace denunció que "Los dos de Tokio", como llama a sus activistas, fueron retenidos bajo custodia policial durante 23 días después de ser detenidos.
Perú: Condenan penalmente a científico por criticar una investigación
Una estupidez. Solo así puede calificarse la decisión del Sexto Juzgado Penal de Lima que ha declarado culpable del delito de difamación agravada al biólogo peruano Ernesto Bustamante en agravio de su colega, Antonietta Gutiérrez, por haber cuestionado en dos medios de comunicación las conclusiones de un estudio realizado por ésta sobre la presencia de alimentos genéticamente modificados en Perú.
Antonietta Gutiérrez, profesora de la Universidad Agraria de La Molina, concluyó en el 2007 una investigación en la que detectaba la presencia de maíz de origen transgénico en el valle de Barranca en Lima. Sus conclusiones fueron recogidas en un artículo en El Comercio de noviembre de 2007 y el estudio completo se publico en la página de una ONG en Singapur (hoy retirado) y en el primer número de la Revista de Sociedad Peruana de Genética, organización presidida por la propia autora. La denuncia causó revuelo en distintos medios nacionales y extranjeros. Incluso Antonio Brack Egg, que por entonces no era ministro y también trabajaba en la Universidad Agraria, señaló textualmente que «si Antonietta Gutiérrez afirma eso, es verdad, sobre todo si ha hecho el análisis».
Ernesto Bustamante, Ph.D. en Bioquímica y Biología Celular y Molecular de la Johns Hopkins University y entonces Decano del Colegio de Biólogos del Perú, participó en enero de 2008 de un debate en Radio Nacional sobre alimentos de origen transgénico (audio completo) donde, entre otros puntos, se habló de las conclusiones del trabajo de Gutiérrez. Sobre el mismo, Bustamente señaló que el estudio no constituía una evidencia científica concluyente porque adolecía de serios errores metodológicos y debió de ser revisado por científicos especializados antes de ser hecho público en un diario.
Días después, el 19 de enero, apareció una nueva nota en El Comercio en donde se recogía la opinión crítica de Bustamante. A los tres días, Bustamente publicó una columna en la sección Opinión del diario El Comercio refiriéndose a la investigación de Gutiérrez (cuyo nombre no menciona) y a la nota aparecida en el mismo periódico. Nuevamente, Bustamente se mostró en desacuerdo con las conclusiones de Guitérrez porque consideró que su investigación carecía de respaldo científico (peer review), no exponía sus principios metodológico ni había sido publicada en una revista científica arbitrada y, por ende, sus conclusiones se habían visto afectadas por estas carencias metodológicas. Además, señaló los efectos negativos para el país y la opinión pública que podían producir que las conclusiones de una investigación con esas carencias se difundan masivamente. Similares cuestionamientos fueron planteados por el Instituto Nacional de Investigación Agraria del Ministerio de Agricultura (.pdf), por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y por una serie de científicos independientes extranjeros y nacionales.
Estas fueron todas las pruebas que necesitó Gutiérrez para denunciar penalmente a Bustamente por difamación agravada ante el Poder Judicial. La noticia causó gran repercusión en la comunidad científica nacional e internacional. Hasta la mismísima Nature, el journal científico más prestigioso del mundo,publicó una nota (.pdf) mirando con preocupación el nivel del debate científico en el Perú. Practicamente toda la comunidadcientífica peruana, la Universidad Cayetano Heredia e incluso un grupo de científicos extranjeros se pronunciaron en contra de que en Perú se persiga criminalmente a un científico por criticar el trabajo de otro.
El delito de difamación en su modalidad agravada, de acuerdo con el artículo 132 del Código Penal, consiste en atribuirle a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación a través de un medio de comunicación. El artículo 133 del Código Penal, sin embargo, señala expresamente las criticas científicas se encuentran excluídas:
Código Penal, Artículo 133.- Conductas atípicas No se comete injuria ni difamación cuando se trata de: (…) 2. Críticas literarias, artísticas o científicas.
Haciendo caso omiso de lo que dice explícitamente el Código Penal, el Sexto Juzgado Penal de Lima ha declarado culpable a Bustamante del delito. En una decisión inexplicable, ha señalado que hasta que emita sentencia al cabo de un año, Bustamante no podrá salir de Lima sin permiso de la Corte, deberá firmar un registro mensual en el tribunal y pagar a la demandante una indemnización por daños de casi US$ 1.800.
Si las leyes actuales son insuficientes se cambiarán y si las leyes fueron violadas se procesará a los responsables, dijo este martes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, poco antes de que se anunciara que las autoridades iniciaron una investigación judicial para determinar si los responsables del derrame de crudo en el Golfo de México violaron las leyes.
"Si nuestras leyes fueron violadas, conduciendo a esta muerte y destrucción, mi solemne juramento es que llevaremos a los responsables ante la justicia, en nombre de las víctimas de esta catástrofe y de la gente de la región del Golfo (de México)", afirmó Obama.
"Tienen todo mi apoyo para seguir los hechos adonde quiera que lleven, sin temor ni favores", dijo Obama desde los jardines de la Casa Blanca, al presentar a los co-directores de la comisión que estudiará el accidente de la plataforma de British Petroleum (BP) del pasado 20 de abril: el ex gobernador de Florida, Bob Graham y el ex jefe de la Agencia de Protección Ambiental, William Reilly.
Durante la presentación Obama calificó el derrame en el golfo como "el mayor desastre ambiental de su tipo en nuestra historia", al tiempo que habló de la necesidad de hacer las reformas necesarias para evitar que se repita una crisis similar.
El presidente de EE.UU. visitó la semana pasada las áreas costeras afectadas por el derrame.
La comisión había sido anunciada hace dos semanas. Se espera que su trabajo termine dentro de seis meses cuando presente al gobierno opciones para prevenir y reducir el impacto de derrames petroleros surgidos de plataformas de perforación costa afuera.
Mientras, este miércoles el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, visitó la zona y anunció el inicio de una investigación judicial, con la participación de las agencias federales -entre ellas el FBI-, para determinar si los responsables del derrame de crudo en el Golfo de México violaron las leyes.
"Aplicaremos todo el peso de la ley a cualquiera que haya violado la legislación", dijo hoy Holder en declaraciones a la prensa tras reunirse con los fiscales de los estados afectados por el derrame.
"Seremos meticulosos, exhaustivos y enérgicos" en la investigación, aseguró el funcionario, quien informó que la pesquisa se lanzó "hace unas semanas", pero declinó decir qué tipos de cargos podrían presentarse, según informó la agencia EFE.
Tras varias semanas de intensas audiencias en el Congreso, muchos parlamentarios creen que se deberían empezar acciones legales contra la petrolera británica para determinar qué leyes fueron ignoradas y qué controles de seguridad no se cumplieron.
El Departamento de Justicia ha ordenado a BP conservar toda la documentación que tenga en su poder y que pudiera contribuir a esclarecer las causas del accidente.
El martes el valor de la petrolera en la bolsa de Londres cayó 13%, en medio de temores del peso financiero que podría significar para la empresa hacer frente a las eventuales demandas.
A la tercera
Los equios de BP intentan un tercer método para intentar contener, o al menos reducir, el flujo de crudo.
Mientras tanto, en el pozo Macondo, los equios de BP intentan un tercer método para intentar contener, o al menos reducir, el flujo de crudo que mana del fondo marino, tras el fracaso de la estrategia conocida como “Top Kill” durante el fin de semana.
La técnica consiste en usar robots para cortar la parte superior de la tubería del pozo y colocar una válvula, aunque los técnicos advierten que por un tiempo eso dejará salir hasta un 20% más de crudo, antes de poder ser controlado con el nuevo dispositivo.
BP también ha aclarado que eso no detendrá el flujo petrolero, lo que sólo se logrará cuando se completen los dos pozos alternativos que perfora y que se espera que estén listos en agosto.
El derrame empezó el 20 de abril cuando la plataforma Deepwater Horizon operada por BP explotó, causando la muerte de 11 trabajadores y destruyendo las tuberías submarinas con las que se canalizaba el petróleo.
Cálculos de agencias gubernamentales estadounidenses estiman que entre 75 y 163 millones de litros se han vertido al agua, lo que amenaza el delicado ecosistema de las costas del sur estadounidense y eventualmente las del norte de la cuenca del Mar Caribe.
Según BP los costos asociados a los trabajos de emergencia y limpieza se acercan a los US$1.000 millones, incluyendo los US$40 millones en pagos directos realizados a afectados por el accidente.
La Corte Federal de Nueva York falló contra Ecuador en el caso Chevron - Texaco
Chevron - Texaco tiene que responder por esto:
Cifras escalofriantes:
El 30% de la selva ecuatoriana, unos 5.000 kilómetros cuadrados, está contaminada por el petróleo derramado por Texaco. Los 300 pozos abiertos generan 20 millones de litros diarios de desechos tóxicos que son derramados sin tratamiento previo en 1.000 charcas a cielo abierto. Se filtra por la tierra y con la lluvia llega a los ríos y contamina los acuíferos. Cada día se queman en gigantescos mecheros junto a los pozos 50 millones de metros cúbicos de gas sin control ambiental, provocando una lluvia ácida. La mortalidad en la Amazonia ecuatoriana es el doble de la nacional. Tienen el triple de casos de infecciones en la piel y el doble de anemias, micosis, desnutrición y tuberculosis. La incidencia del cáncer es seis veces mayor. Hay documentadas más de 500 muertes relacionadas directamente con esta contaminación.
El juicio más grande de toda la historia contra una multinacional
Se trata del más grande juicio colectivo de la historia contra una empresa transnacional: las comunidades indígenas del nororiente de Ecuador, donde se realiza la actividad petrolera, reclaman una compensación de 27.000 millones de dólares. En Ecuador se le conoce como el juicio del siglo.
Los demandantes, unos 30.000 indígenas y colonos mestizos (reunidos en Frente de Defensa de la Amazonía), acusan a la compañía Texaco, adquirida por Chevron en 2001, de echar al ambiente más de 18.000 millones de galones de aguas contaminadas y de producir derrames de petróleo crudo de aproximadamente 17 millones de galones a lo largo de su actividad en Ecuador, entre 1972 y 1990.
Esas prácticas ilegales produjeron contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y de los arroyos y ríos de la zona, la que, de acuerdo con los demandantes, ha causado cáncer, defectos congénitos y abortos en las poblaciones indígenas.
Así informa Periodistas en Español: Chevron rehusó tratar el juicio ante los tribunales ecuatorianos, por lo que el caso se trasladó a Estados Unidos, pero tras ser examinado por los tribunales de ese país, éstos resolvieron que la jurisdicción ecuatoriana era perfectamente válida.
Los cambios de jurisdicción y las maniobras legales de todo tipo han hecho que el juicio lleve ya más de 16 años.
Desde mediados de febrero, el proceso está en manos del nuevo presidente de la Corte provincial de la nororiental provincia de Sucumbíos, Leonardo Ordóñez, quien reemplazó al juez Juan Núñez, acusado por Chevron de haber aceptado supuestos sobornos.
"Lo único que le pedimos al doctor Ordóñez es que trabaje con apego a la ley, con transparencia e imparcialidad, y no permita más abusos de Chevron para seguir retardando el juicio", dijo el abogado del Frente de Defensa de la Amazonia, Pablo Fajardo, en un comunicado.
Entre las maniobras realizadas por la petrolera estadounidense están las que el ex ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Fander Falconí, confirmó en enero, en contra de que se le prorrogara a Ecuador las preferencias arancelarias para su comercio con Estados Unidos.
Según declaró Falconí, Chevron había puesto en marcha en 2009 "una de las gestiones más fuertes y feroces que ha enfrentado la política exterior ecuatoriana", para impedir la renovación de las preferencias a Ecuador.
La contratación de firmas de abogados, el empleo de negociadores expertos y la acción diplomática ecuatoriana lograron contrarrestar la influencia política y diplomática de Chevron en Washington, describió Falconí antes de dejar el cargo.
Las preferencias arancelarias a las que hizo referencia el ex canciller son las que Estados Unidos otorga a cientos de productos de Ecuador, Colombia y Perú en compensación por la lucha de contra el narcotráfico. Bolivia, otro país que era favorecido por la iniciativa, quedó excluido de este esquema el año pasado.
El revés para el pueblo ecuatoriano (o las estrategias dilatorias de Chevron-Texaco)
Así informó, el viernes 12 de marzo, El Comercio del Ecuador: Leonard Sand, juez principal de la Corte Federal del Distrital de Nueva York, desestimó el pedido del Gobierno ecuatoriano y de los afectados de la Amazonia. Estos solicitaron que se suspendiera temporalmente el arbitraje que se sigue en la Corte Permanente de La Haya.
El 23 de septiembre de 2009, Chevron presentó una demanda de arbitraje internacional contra Ecuador por considerar que este violó el Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Estados Unidos y de los acuerdos de inversión y el derecho internacional.
Esa consideración de Chevron es con base en el juicio que afronta desde 1993 por los daños ocasionados en la Amazonia ecuatoriana, durante sus operaciones petroleras entre 1972 y 1990.
Según Sand, dependerá de los árbitros determinar el tiempo y los parámetros de cualquier procedimiento de un tribunal. “Esta Corte encuentra que al menos hay un asunto sujeto de arbitración”, dijo, aunque también señaló que los argumentos de la petrolera no eran del todo fuertes.
Han Shan, coordinador por la Campaña Limpien a Ecuador de Amazon Watch, se lamentó: “Es frustrante y deja un mal sabor esta actitud del juez. No hay mérito para detener el juicio en Lago Agrio (Ecuador) porque fue la misma petrolera la que pidió llevar el caso a Ecuador. Este es un asunto legal y así tiene que procederse”.
Los efectos
El cálculo de afectados es de 30 000. Además de la pérdida de sus campos, estos sufren daños en su salud con casos de leucemia, cáncer de útero y otros.
Un grupo de 15 colonos y nativos de la Amazonía planteó el juicio ante Texaco en Estados Unidos. Lo hizo en Nueva York, el 3 de noviembre de 1993. Durante 10 años, el proceso se desarrolló ante la justicia estadounidense. Pero por pedido de Texaco, el proceso pasó a la Corte de Sucumbíos.
Shan, quien también asistió a las audiencias que se realizaron el miércoles y ayer en la Corte de Nueva York, afirmó que no es ningún triunfo para Texaco ( hoy Chevron). Pero coincidió con obviamente alargar más el proceso y consumir recursos y tiempo.
“La petrolera está jugando a cansar y agotar a los indígenas y esto no va a ocurrir”, dijo Shan al tiempo que insistió en que es preciso intensificar la presión social y política para lograr que el pedido de los indígenas prevalezca.
¿Y qué gana Chevron-Texaco con todo esto?
Pues es evidente, Chevron-Texaco no quiere pagar 27 mil millones de dólares, entonces ¿quién los pagará? Para Chevron-Texaco la respuesta es elemental: El Esatado Ecuatoriano.
Así informó el día de ayer, sábado 13 de marzo, el diario El Comercio de Ecuador: El Estado ecuatoriano deberá asumir el pago de las indemnizaciones que la Corte de Justicia de Sucumbíos establezca a favor de los afectados. Esa es la aspiración de la petrolera Chevron con relación a su pedido de arbitraje ante la Corte de La Haya.
Desde hace 16 años, la compañía estadounidense (antes Texaco) enfrenta un juicio por los daños ocasionados en la Amazonía durante la explotación petrolera entre 1972 y 1990.
Y el jueves 11, la Corte Federal Distrital de Nueva York (Estados Unidos) falló en contra del pedido ecuatoriano de que ordenara la suspensión del arbitraje iniciado por Chevron.
Luego de conocer esa decisión, los afectados, a través de sus representantes anunciaron una apelación. Incluso Pablo Fajardo, abogado defensor, anticipó que, independiente a la acción que asuma el Gobierno ecuatoriano, a través de la Procuraduría General, estos presentarán su apelación dentro de los 30 días de plazo que se tiene a partir del fallo.
Juristas comprometidos
Según la Agencia EPA: De su lado, el abogado de los demandantes ecuatorianos Steven Donziger dijo que, para él, "esta maniobra final es sólo el último capítulo de una larga pauta de abusos por parte de Chevron sobre los pueblos indígenas del Ecuador".
"Chevron actúa como un fugitivo de la Justicia en Ecuador, porque las pruebas que establecen su mala conducta son abrumadoras", explicó Jonathan Abady, otro letrado estadounidense que representa a las comunidades de la selva amazónica ecuatoriana ante la corte neoyorquina.
El hombre que se enfrentó contra el gigante farmaceútico Pfizer
Pfizer, la mayor compañía farmacéutica del mundo, está "lamiéndose sus heridas" después de que acordó pagar una multa sin precedentes de US$2.300 millones de dólares por prácticas comerciales deshonestas en la venta de sus medicinas. La lectura de la sentencia:
Gracias a John Kopchinsky, ex vendedor de Pfizer, se pudo descubrir la verdad sobre las malas prácticas comerciales de Pfizer que ponían en riesgo la salud de vidas humanas.
Ya en 2004 Pfizer había sido hallado culpable de un cargo criminal por haber realizado tácticas inapropiadas de venta del medicamento para la apoplejía Neurontin. Este producto, apesar del escándalo se sigue comercializando.
Y en 1996 había una epidemia de meningitis en la región nigeriana de Kano. Pfizer hizo entonces un ensayo experimental en más de 200 niños con un antibiótico llamado Trovan que en Estados Unidos está permitido en adultos, pero no en menores. Once de los niños murieron y otros muchos sufrieron secuelas muy graves. El gobierno enjuició a Pfizer. Las familias obtuvieron 55 millones de dólares.
En conclusión: Pfizer es un ejemplo de como trabajan las grandes corporaciones sin escrúpulos.
La empresa pagará una multa récord de US$2.300 millones.
El caso contra la empresa, por promover fármacos para usos no aprobados por las autoridades, se produjo como resultado del acto de un informante interno que reveló a las autoridades las actividades anormales de Pfizer.
John Kopchinsky era representante de ventas de Pfizer. Tal como le dijo a la BBC, denunció a la empresa porque "un día decidió simplemente que no podía seguir viviendo con sus remordimientos de conciencia".
"Eramos 3.000 representantes de ventas a quienes se nos instruyó promover un fármaco llamado Bextra" explica John Kopchinski.
"Y lo que los gerentes de ventas de Pfizer querían que hiciéramos era descaradamente ilegal".
"Por ejemplo, la medicina (un antiinflamatorio) había sido aprobada para venderse en tabletas de 10 miligramos como tratamiento de artritis reumatoidea y osteoartritis. Sin embargo, se nos instruyó promoverla para tratar dolor severo y también promover entre los médicos la venta de dosis más altas".
"Así que algunos médicos estaban utilizando dosis de 20, 40, 60 y hasta 80 miligramos. Y 80 mg. es ocho veces más que la dosis inicialmente aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA)", dice Kopchinski.
"Y en esta dosis en particular se está sometiendo al paciente a toda una gama de efectos secundarios y a otros factores que no han sido estudiados científicamente. Es decir, literalmente no teníamos idea de lo que podría pasarle al paciente".
En efecto, tal como lo establecen los demandantes, Pfizer "promocionó Bextra para varios usos y dosis que la FDA había rehusado validar debido a las dudas sobre sus riesgos".
Eventualmente el fármaco fue retirado del mercado en 2005 por preocupaciones sobre su seguridad y sus efectos secundarios, particularmente temores de que podía causar infartos y derrames cerebrales.
Pero la empresa no sólo estaba promoviendo ilegalmente al Bextra.
El acuerdo civil establece que la farmacéutica pagó sobornos a profesionales médicos para que recetaran, además del Bextra, otros tres medicamentos: Geodon, un tratamiento para la esquizofrenia, Zvyox, un antibiótico y Lyrica, un analgésico.
El trabajo de John Kopchinski y de los otros representantes de ventas de Pfizer consistía en visitar a médicos, dentistas y otros profesionales de la salud, en particular aquéllos vinculados con el tratamiento del dolor y promover al Bextra.
"Se nos instruyó visitar las clínicas de dentistas y promover el uso del fármaco para tratar el dolor después de una extracción de dientes -dice Kopchinski- a pesar de que no hubo estudios llevados a cabo en ese entorno particular".
"También se nos ordenó promoverlo con ortopedistas para que usaran el fármaco pre y postoperatorio, a pesar de que tampoco se estudió esa área".
"Y pensé: si yo fuera sometido a una cirugía no me gustaría que me administraran un fármaco que no ha sido estudiado para este síntoma particular".
"Y hubo otros ejemplos similares de instrucciones que se nos dieron para usar tácticas falsas para vender el fármaco", agrega.
Kopchinski afirma que no se trataba simplemente de "sugerencias" de venta de la empresa. Eran -dice- instrucciones claras sobre la forma como debía promocionarse y venderse el medicamento.
"Se nos pagaba US$50 por cada protocolo quirúrgico (plan detallado de la actuación médica durante una cirugía) que lográbamos obtener" dice el exrepresentante de ventas.
"Había representantes que obtenían 10 o 20 protocolos".
"Yo realmente estaba muy intranquilo haciendo este trabajo y cuando el gerente de distrito nos preguntaba cuántos protocolos habíamos obtenido y yo decía que ninguno, de inmediato se me etiquetó como alguien que no formaba parte del equipo".
"También tenían otros calificativos para los que no seguíamos las instrucciones de la gerencia: éramos malos comunicadores, no sabíamos participar en equipo y no estábamos promoviendo la marca de la empresa como se deseaba que lo hiciéramos", explica Kopchinski.
Nadando contra corriente
Se promovía el uso de medicinas para síntomas que no habían sido estudiados.
Cada médico o especialista recibía la visita de tres representantes de ventas, así que -como dice el exempleado- tratar de hacer lo correcto "era como estar nadando contra corriente".
"Durante mi visita podía hacerle ver al médico las regulaciones de la FDA y subrayar su uso aprobado de 10 mg. pero dos días después iba a llegar otro representante y promover el uso de 20 u 80 mg. así era muy difícil hacer lo correcto cuando todos a tu alrededor -vendedores, gerentes, directores- estaban promoviendo el uso no autorizado del fármaco".
Eventualmente John Kopchinksi -veterano de la guerra del Golfo- decidió enfrentarse al gigante corporativo y denunciar esas prácticas ilegales.
"En el ejército se esperaba de mí que protegiera a la gente a como diera lugar. En Pfizer se esperaba de mí que aumentara las ganancias de la compañía a como diera lugar, incluso cuando las ventas estaban poniendo vidas en peligro. Y no pude hacerlo".
Como lo establecen las leyes de Estados Unidos, Kopchinski recibirá ahora US$50 millones por ayudar a exponer las prácticas deshonestas de una corporación.
Pfizer, por su parte, declaró que lamenta sus pasadas acciones y que aprenderá de ellas.
El 3 de noviembre de 1993 se planteó la primera demanda contra la petrolera por daño ambiental.
Después de quince años de una batalla legal contra la petrolera Chevron-Texaco, por daños ambientales al ecosistema de la Amazonía ecuatoriana, los 100.000 afectados, entre pueblos ancestrales y colonos, esperan que en seis meses se dicte la sentencia en este caso.
Durante ese tiempo, la parte demandada debe terminar 8 inspecciones, 6 en estaciones y 2 en pozos, de un total de 36 solicitadas. Para ello, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, Juan Núñez, dictará una providencia la próxima semana para designar los peritos.
El dilatado juicio contra la petrolera estadounidense estuvo en manos de la Corte de Nueva York por nueve años, hasta que esta dictaminó que debía someterse a la justicia ecuatoriana.
Desde allí, ha sido manejado por cuatro jueces en la Corte de Sucumbíos: Alberto Guerra, Efraín Novillo, Germán Yánez y Juan Núñez. Según este último, la demora de una sentencia se debe a que las partes presentan escritos “cada dos minutos”.
Desde que se hizo cargo del caso, Núñez solo tiene tiempo para atender esa causa exclusivamente. Del lunes pasado al jueves, en su escritorio ya había cuatro peticiones, una de ellas de Texaco, en la que le solicitan que se inhiba del caso “porque dicen ellos que con la nueva Constitución yo ya no soy presidente y estoy en funciones prorrogadas”.
A ello respondió basado en los artículos 11, numeral 3; 75, 168, numeral 4; 172 y 426, que lo facultan a despachar el caso hasta ser legalmente reemplazado en abril próximo.
Mientras, la parte demandante, el Frente de Defensa de la Amazonía, creado en 1994, de la que se desprende la Asamblea de Afectados por Texaco (ADAT), cuyo comité ejecutivo está conformado por un delegado de cada pueblo ancestral afectado (sionas, secoyas, cofanes, huaoranis y kichwas) y colonos, ha solicitado aclaraciones del último peritaje presentado por Richard Cabrera, el 1 de abril pasado, que impone una indemnización de 8.000 a 16.000 millones de dólares.
Según Pablo Fajardo, uno de los líderes de la lucha contra la petrolera, ese peritaje no dice cuánto cuesta reparar los daños causados en el sedimento de los ríos y aguas subterráneas. Añade además que se registran daños económicos por la muerte de los animales que bebían agua contaminada de los ríos. “Si el perito cuantificara todos estos daños, la cifra podría subir 5.000 millones más”, sostiene.
En el informe de 9.500 páginas se habla de daños a la salud con incidencia en el cáncer de estómago, útero y leucemia, problemas en la piel; daños a las culturas ancestrales y casos de violación sexual a un 10% de las mujeres de las comunidades indígenas y colonas en la zona hidrocarburífera de Orellana y Sucumbíos.
CIFRAS: Último peritaje
379’246.200 Barriles de agua tóxica de formación fueron echados por Chevron-Texaco en las vertientes de agua de la Amazonía y en piscinas en tierra, según peritaje.
306 Casos de cáncer se registraron en 227 familias, es decir, en el 21,33% de las familias encuestadas, casi una de cada cuatro conocen al menos un caso de cáncer en su núcleo familiar.
CRONOLOGÍA: Caso texaco
1993, 3 de noviembre El abogado Cristóbal Bonifaz, representante de indígenas de cuatro comunidades, presenta en la Corte de Nueva York una demanda contra Texaco por daños ambientales.
1998, 30 de septiembre La embajadora del Ecuador en EE.UU., Ivonne Baki, firma el Acta de Finiquito con la que absuelve a Texaco de cualquier demanda del Gobierno ecuatoriano.
2001, 30 de mayo Jed Rakoff, juez del tribunal de apelaciones en Manhattan, resuelve que las demandas presentadas por primera vez en 1993 deben ventilarse en tribunales ecuatorianos.
2003, 21 de octubre Alberto Guerra, presidente de la Corte Superior de Sucumbíos, convoca a etapa de prueba (presentación de testigos y evidencias).
2004, junio Texaco inicia una demanda ante el Foro Americano de Arbitraje de los EE.UU., para que Petroecuador remedie los daños ambientales.
2006, diciembre La defensa ecuatoriana retira la demanda de fraude en contra de Texaco, ya que por falta de recursos no puede presentar las pruebas.
2008, 10 de enero El Frente de Defensa de la Amazonía acusa ahora a Texaco de explorar y perforar ilegalmente en áreas no concesionadas a ella.
